La corte estipula que no cumple con los plazos y aplaza el proceso de 'impeachment' a febrero de 2026
El Tribunal Supremo de Filipinas ha declarado anticonstitucional la solicitud de juicio político lanzado en la cámara baja del Congreso contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, al entender que incumple los plazos estipulados en la Carta Magna y ha dado orden de que cualquier iniciativa de este tipo no podrá tener lugar como mínimo hasta febrero del año que viene. El tribunal ha indicado que la denuncia no cumplía con la regla constitucional de que sólo se puede iniciar un procedimiento de juicio político contra el mismo funcionario dentro de un año y Duterte lleva ya acumuladas, con esta, cuatro solicitudes en los últimos doce meses: tres presentadas por grupos de la sociedad civil, opositores y religiosos más el cuarto texto de la cámara baja, todos acusando a Duterte de corrupción, apropiación indebida de fondos públicos y conspiración para ejecutar un magnicidio. Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha negado que haya cometido algún tipo de irregularidad y asegura que todo se trata de una persecución política como castigo por sus fuertes discrepancias con su antiguo aliado, el presidente Ferdinand Marcos Jr., a quien acusa de haberla "estafado" cuando le propuso ser su compañera de fórmula en las elecciones de 2022. Duterte ha llegado incluso a amenazar de muerte al presidente tras denunciar que estaba siendo víctima, a su vez, de un complot para asesinarla, y que existía de por medio la contratación de un supuesto sicario para acabar con su vida. El Supremo avisa que la decisión "no absuelve a Duterte de ninguno de los cargos" pero ordena que cualquier nuevo proceso para su destitución "solo podrá ser presentado, de conformidad con esta decisión, a partir del 6 de febrero de 2026", según la sentencia recogida en la página web de la corte.
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