El CGPJ confirma a los candidatos apoyados por el sector conservador en dos puestos clave del Supremo

Martínez Arrieta y Lucas se ponen al frente de las salas Segunda y Tercera tras la retirada de las magistradas Ferrer y Teso

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado este miércoles a los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente, cargos que ocupaban ya de forma interina, tras la retirada de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos en puestos clave.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, Martínez Arrieta ha recibido 15 votos y Lucas otros 16, incluido el voto para ambos de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló. El resultado refleja un apoyo transversal de los bloques conservador y progresista del Consejo que, por otro lado, era necesario, dado que se requerían al menos 13 votos para que estos nombramientos salieran adelante.

Las fuentes consultadas indican que los vocales progresistas que no les han apoyado han votado en blanco. Además, todo el bloque progresista, menos Carlos Hugo Preciado, ha firmado una nota para explicar por qué ha actuado de esta forma.

En la nota, a la que ha tenido acceso Europa Press, indican que han facilitado los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas por "lealtad institucional", enfatizando que "en ningún momento" han dudado de "su valía".

"Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo", dicen, en alusión a que buscaban que "al menos una" hubiera sido elegida "para hacer efectiva la ley de paridad".

Así, inciden en "el desequilibrio" existente en "los puestos decisorios" y defienden que, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en los nombramientos discrecionales debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%.

A su juicio, "la aplicación de la ley de paridad era prioritaria", ya que "la representación equilibrada pretende romper inercias masculinas profundamente consolidadas, que perpetúan una situación en la que, pese a la feminización de la profesión, los cargos de poder siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres".

Ahora, lamentan, "cuatro de las cinco presidencias de Sala del Tribunal Supremo estarán ocupadas por magistrados", lo que creen que produce una "situación anómala", teniendo en cuenta que "la antigüedad de las magistradas es equiparable a la de los magistrados" y que "la primera mujer ingresó en la carrera judicial en 1977 y en el Tribunal Supremo en 2002".

OTRA VENITENA DE NOMBRAMIENTOS Y NUEVA CONVOCATORIA
En este Pleno, los vocales también han llevado a cabo un total de 24 nombramientos, un acuerdo que ambos bloques --empatados con diez vocales cada uno-- estuvieron negociando hasta el último momento, de acuerdo con las citadas fuentes.

Destacan los nombramientos de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía y de Aragón, Lorenzo Jesús del Río y Juan José Carbonero, respectivamente; de los presidentes de las audiencias provinciales de Madrid, Juan Pablo González-Herrero, y Valencia, José Manuel Ortega; y del director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.

De esta forma, el CGPJ ha completado 161 nombramientos, de los que el 42,2% han recaído en mujeres. No obstante, quedan pendientes dos plazas en la Sala de lo Militar del TS y otras tres que se han convocado este miércoles: la vacante dejada por Martínez Arrieta en la Sala Segunda y las presidencias de la Audiencia de Navarra y de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha.

EVITAR UN NUEVO FRACASO
Fue el pasado octubre cuando el CGPJ convocó las adjudicadas hoy y las otras dos presidencias del TS que estaban vacantes: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses después, en febrero, decidió desgajar esas dos plazas para poder avanzar en la política de nombramientos, situando al conservador Ignacio Sancho --candidato único-- en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando a su rival conservador Juan Molins.

Desde entonces, el CGPJ ha protagonizado varios intentos de sacar adelante los otros dos nombramientos, cuya importancia radica en que la Sala de lo Penal es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados --como José Luis Ábalos--, entre otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.

Ya en mayo, Perelló, siendo la tercera vez que iba a Pleno y la primera que se votaba --con un resultado de diez a diez, con todo el bloque progresista apoyando a Ferrer y Teso, y todo el conservador a Martínez Arrieta y Lucas, más el voto en blanco de la propia presidenta--, decidió devolver el asunto a la Comisión de Calificación, para dar tiempo a la negociación.

Fuentes consultadas ya avisaron de que la intención de la presidenta era hacer estos nombramientos antes de que acabara el curso judicial, si bien en estas semanas las posiciones de los sectores conservador y progresista apenas se han movido.

Constatado el bloqueo, fueron las propias Ferrer y Teso quienes movieron ficha el pasado jueves, cuando retiraron sus candidaturas para evitar un nuevo fracaso que, a su vez, llevara a declarar desierta la convocatoria, abrir la terna a otros aspirantes y, con ello, dilatar la situación de interinidad en la presidencia de las dos salas clave del TS.

El bloque progresista defendía que Ferrer y Teso eran las candidatas con el mejor programa de gobierno para sus salas, así como que estaban en disposición de ejecutarlo porque podían completar los cinco años de mandato asociados al cargo --renovables por otros tantos--, a diferencia de Lucas y Martínez Arrieta, cuya jubilación está prevista para julio de 2026 y abril de 2027, respectivamente.

Por contra, los vocales conservadores --que las describían como "las candidatas del Gobierno"--, destacaban la veteranía de Martínez Arrieta --número 1 del escalafón judicial-- y Lucas --número 3--; su excelencia jurídica; y que ya ocupan el cargo: desde el pasado diciembre en el caso del primero, tras expirar el mandato de Manuel Marchena, y desde diciembre de 2022 en lo tocante al segundo, por la salida de César Tolosa al Tribunal Constitucional.

SIN RIVALES
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguraron que ambas habían actuado de 'motu propio', en una decisión personal, tras constatar que no obtendrían los 13 votos necesarios para obtener la plaza.

No obstante, algunas voces también apuntaron a las "presiones" sufridas por Ferrer y Teso en el seno de sus respectivas salas para que no rivalizaran con Martínez Arrieta y Lucas, vistos como veteranos que merecen este colofón a su carrera profesional.

A ello, sumaron el "veto encubierto" de Perelló a Teso por "una animadversión personal ampliamente conocida", así como el temor a que al reabrir la terna se postularan candidatos menos idóneos --desde la perspectiva progresista-- que Martínez Arrieta y Lucas, percibidos como moderados.

Esta tormenta perfecta despejó el camino a los dos candidatos masculinos, que recibieron el aval de sus ya ex contrincantes. En las misivas enviadas a Perelló para anunciar su retirada, Ferrer señaló a Martínez Arrieta como "un candidato de prestigio incuestionable" al que dijo ofrecer su "leal colaboración" para mejorar el funcionamiento de la Sala Segunda; mientras que Teso expresó su confianza en que Lucas "desempeñará perfectamente las funciones del cargo".