El Gobierno destina 925.000 euros para reforzar la protección de los refugiados con discapacidad en Palestina

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una autorización para destinar 925.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA).

El objetivo de esta partida es financiar servicios esenciales y de protección para las personas con discapacidad que están refugiadas en Cisjordania como consecuencia de los ataques de Israel a la población palestina.

De esta forma, el Gobierno pone el foco en uno de los colectivos que "está sufriendo de forma más intensa los daños ocasionados por los ataques de las fuerzas militares israelíes".

Con este objetivo, esta partida se destinará a personas con discapacidad que se han visto obligadas a refugiarse en Cisjordania, tanto a las que ya tenían una discapacidad antes de los ataques como a las que la tienen a causa de estos y fueron víctimas de pérdida de extremidades, amputaciones, cegueras, etc.

Estas personas recibirán asistencia financiera integrada así como servicios psicosociales, de salud y de rehabilitación. Asimismo, se fortalecerán los sistemas comunitarios de protección, como las unidades móviles que ofrecen estos servicios, con más equipamiento y coordinación.

También se ofrecerá acceso a nuevas estructuras, como baños accesibles. Además, estas prestaciones harán especial hincapié en los colectivos más vulnerables en este contexto como mujeres y niños con discapacidad.

Esta contribución se suma a los 860.000 euros que el Gobierno de España destinó el año pasado a la UNRWA para atender, en este caso, a personas de Gaza, víctimas de los ataques israelíes.

Tanto esta partida presupuestaria de 2024, como la de este año, suponen contribuciones extraordinarias a la UNRWA por parte del Gobierno, y un incremento de las aportaciones voluntarias a esta agencia de la ONU desde 2023, cuando empezaron los ataques de Israel a la población palestina.

Los 925.000 incluyen una aportación de 725.000 euros de la Dirección General de Agenda 2030, y otra de 200.000 euros del Real Patronato de Discapacidad.