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Castilla y León insiste en que recurrirá cualquier acto derivado del decreto de reparto de menores | |||
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La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha insistido en que la Comunidad recurrirá cualquier acto derivado del decreto del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. Blanco, que ha visitado el Colegio Cardenal Mendoza de Valladolid con motivo del desarrollo del programa 'Conciliamos verano 2025', ha asegurado que Castilla y León es una tierra "solidaria" y lo ha demostrado todos estos años con la acogida de menores que llegaban trasladados desde Canarias en una situación de emergencia. Sin embargo, ha incidido que esto se ha hecho "hablando entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas, dentro de las conferencias sectoriales" y "acordando entre todos, desde la igualdad y desde el respeto institucional con las competencias que tiene cada comunidad", el número de menores que los sistemas de protección podía acoger. Ahora, considera que es el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, el que "utiliza" a los menores, como ya se vio el año pasado por estas fechas y ahora se vuelve a repetir, porque "cuando a él le interesa mediáticamente, utiliza el traslado de menores, en este caso desde Canarias y desde Ceuta, mediante imposiciones, sin diálogo, sin acuerdo, sin consenso, rompiendo la solidaridad y rompiendo la igualdad de las comunidades". A este respecto, ha reiterado las críticas de la Junta a la "cesión permanente" del Gobierno a sus "socios separatistas", ya que en el reparto del número de menores a Castilla y León se le indicaba que tenía que acoger a 197, mientras que a Cataluña 31 y al País Vasco ninguno. Además, ha aseverado que esta "cesión permanente" se ve también con la financiación autonómica, con las políticas de inmigración y con el traslado de niños desde Canarias. "Castilla y León va a seguir siendo solidaria, pero como les digo, siempre pensando sobre todo en el bienestar de los menores, siempre desde la igualdad entre todas las comunidades autónomas y nunca desde las cesiones a sus socios del Gobierno o nunca desde las imposiciones", ha insistido. FONDOS PARA ACOGIDA En este contexto, la vicepresidenta de la Junta se ha referido a las cuantías para el reparto de menores que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros, "muy inferior" a la que correspondería con el número de menores que tendrían que llegar. Blanco ha explicado que hasta el momento había una financiación que permitía mantener a los menores durante un año, pero ha apuntado que "el problema" es que los menores "no se quedan un año", con algunos que llegaban "muy pequeñitos" y con 12 o 14 años había que seguir manteniéndolos, algo que hacía la Comunidad. Ahora, ha añadido, se indican unas cantidades que, si se hace la media entre lo que correspondería y los menores que tendrían que llegar, saldría "muy inferior" y cubriría tres meses, "sería para traslado". Aún así, ha apuntado que "no hay nada oficial" toda vez que la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a abordar el reparto de menores "por falta de "quórum", algo que se produjo tras el 'plantón' de todas las comunidades del PP salvo Ceuta. "En un tema tan serio como es este, el traslado de menores tiene que ser desde el acuerdo, desde el consenso, trabajándolo, y nunca desde la imposición, que es lo que está haciendo el Ministerio", ha afirmado la consejera de Familia, quien ha recordado que Castilla y León, al igual que otras comunidades autónomas, recurrió el Real Decreto Ley de reparto de menores al Tribunal Constitucional (que lo admitió a trámite), al entender es inconstitucional porque invade competencias propias de la comunidad autónoma. A partir de ahí, "en la vía que corresponda", ha asegurado que se recurrirá "cualquier acto que tenga que ver con ese Real Decreto", tanto el reglamento, que podría aprobarse este martes en el Consejo de Ministros, como los posibles traslados. Precisamente en cuanto al número de menores que tendría que acoger Castilla y León, que sería de 197, la consejera ha insistido que lo recurrirán, pero además ha advertido de que el el sistema de protección de la Comunidad "ahora mismo está al límite para los menores, para los niños, las niñas extranjeros" e incluso algunos de ellos están "en plazas dentro de los recursos ordinarios no específicos". "RECORTES" A CYL La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha censurado los "recortes" a la Comunidad por parte del Gobierno en diferentes materias. "Estamos acostumbrados ya a los recortes sociales por parte del Gobierno de España, con Castilla y León", ha aseverado Isabel Blanco, quien ha concretado esta actitud en aspectos como "la financiación singular, como quieren llamarla", el "cupo separatista", supone que determinados servicios "corren riesgo de poder prestarse". A este respecto, considera que si se incrementa esa financiación para los "socios separatistas, para los socios independentistas", va en detrimento de otras comunidades autónomas. A esto ha añadido lo ocurrido hace unas semanas, cuando el Plan Corresponsables sufría un recorte por parte del Ministerio del 25 por ciento, de 15 a 11 millones, por lo que las comunidades tendrán que cubrir esta diferencia. "Eso no es apostar por la corresponsabilidad, eso no es por adición, como nos dijeron, eso es un recorte puro", ha señalado. De la misma forma, ha criticado también el recorte en el nivel acordado de dependencia, que ascendió a seis millones de euros, cuando Castilla y León "no tiene lista de espera", es la que resuelve más rápidamente, aspectos por los que "precisamente no puede verse perjudicada por los criterios de reparto de ese Plan Corresponsable, perdiendo financiación de las personas más vulnerables de las personas que más lo necesitan". "Esa es la realidad del gobierno de España, esa es la realidad del gobierno de Sánchez. Mientras cede a las cesiones de sus socios al resto de cuatro comunidades, nos recorta los fondos", ha concluido. |
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