El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado una nueva Comisión Sectorial de Medio Ambiente el próximo 11 de julio, tras retirar este vienes del orden del día de la comisión el debate sobre el informe sexenal del lobo, tal y como habían solicitado por carta el pasado lunes 11 comunidades autónomas, por el retraso en el envío de la documentación sobre esta materia para la reunión de hoy. Concretamente, la misiva está firmada por Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, así como Ceuta y Melilla. En un comunicado, la Xunta de Galicia informa de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "ha rectificado" su posición y ha anunciado la convocatoria en una nueva Comisión Sectorial para el próximo 11 de julio, en la que sí se debatirá el informe sexenal sobre el lobo correspondiente al período 2019-2024, como paso previo a su aprobación en una futura Conferencia Sectorial, tal y como establece la disposición adicional octava de la Ley de Desperdicio Alimentario. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la reunión de esta mañana ha tenido "un tono bronco, despectivo, con faltas de respeto, encontronazos y salidas de tono incluso con alguna comunidad autónoma en particular". Además, ha denunciado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, haya abandonado la reunión y ha criticado la "falta de respeto y de lealtad institucional antes y después de la reunión" debido al retraso en el envío de la documentación. "Mientras estaban reunidos han ido conociendo diferentes teletipos. Es decir, estaban hablando y encontraban unos teletipos con información sobre la que todavía no habían opinado Y esto es de una deslealtad enorme", ha señalado. En especial, ha denostado que el Gobierno ha defendido que no se han alcanzado las 500 manadas "que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo" sin entregar a las comunidades autónomas un informe científico firmado que acredite que ese número de manadas de lobos es el apropiado y el acertado". "No se puede hacer informes a la medida del interés particular que es lo que está haciendo el Gobierno en su obligación ideológica", ha denunciado. En opinión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el tema de las 500 manadas es una conclusión que deriva del intento del Gobierno de "impedir por todos los medios" que el cánido "no vuelva a ser gestionado por las comunidades autónomas". "Nosotros tenemos los informes de biólogos, veterinarios e ingenieros públicos, funcionarios públicos independientes que determinan y certifican esa evolución favorable. Y por tanto no vamos a aceptar que saquen de la chistera, con un juego de trilerismo absoluto un informe que no tiene ninguna verosimilitud, que no está firmado, ni aval científico y sin tiempo para estudiarlo", ha denunciado. Además, el consejero ha lamentado que desde el Ministerio no se pise "el territorio" para comprobar que esta situación, en sus palabras, es "insostenible" y que el Ejeuctivo central no cumpla "nada de lo que se había acordado".
EL GOBIERNO NO PUEDE IR "A CONTRACORRIENTE" DE EUROPA
De manera más general, Paloma Martín ha indicado que las CCAA y el PP busca que el Gobierno "proteja a los ganaderos que con tanto esfuerzo cuidan de sus ovejas, de sus corderos, de sus terneros, y que no pueden estar expuestos a la presión que están ejerciendo cada día las manadas de lobos y que terminan en el fallecimiento de más de 15.000 cabezas a lo largo del año". Además, ha incidido en que la Ley de Desperdicio Alimentario incluía que se pudiera hacer el control sobre las manadas de lobos y que se basaba en "decisiones" tomadas recientemente por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como en las modificaciones de la Directiva Habitat y del Convenio de Berna. "(El Gobierno) no puede ir contracorriente de las decisiones que se están produciendo en Europa", ha recalcado.
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