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Aragón reitera en la Sectorial de Infancia su rechazo a la reubicación de menores migrantes de Canarias a otras CCAA | |||
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En esta sectorial, el Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este proyecto para reubicar a estos menores desde zonas tensionadas, como es el caso del archipiélago. Este real decreto es un desarrollo del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, al que el Gobierno de Aragón se ha opuesto en los últimos meses y establece los órganos competentes tanto para declarar una situación de contigencia migratoria extraordinaria como para dictar la resolución sobre la ubicación y el traslado de menores no acompañados en caso de que no haya un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial, ha informado el Ejecutivo autonómico. El principal argumento esgrimido por el Gobierno aragonés es la "posible inconstitucionalidad" del primer real decreto ley al entender que "invade competencias autonómicas" y que vulneran tanto "los derechos de los extranjeros en España" como "los derechos de los menores", el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley autonómica de Infancia, la Ley aragonesa de Servicios Sociales y la norma que regula el IASS. En la reunión se ha abordado también la distribución de un crédito de 22 millones de euros destinados a los territorios que padecen una mayor presión migratoria --Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla--, cuestión que ha contado con el voto favorable aragonés, si bien ha destacado que esta dotación es "insuficiente" tanto para estos comunidades como para el resto. El gerente del IASS ha recordado que se está asumiendo con fondos propios toda la atención derivada del repunte de llegadas de menores extranjeros no acompañados, creciente desde finales de 2023 por la "inexistente gestión de la política migratoria por parte del Gobierno de España", y ha lamentado que el Estado no contribuya con financiación para minorar el impacto y la tensión que padecen los sistemas de protección de menores autonómicos. Según el Ejecutivo autonómico, todos estos menores migrantes no acompañados están llegando a Aragón "o bien camuflados entre los adultos trasladados dentro de los programas del Gobierno de España de acogida humanitaria o de protección internacional, o bien arriban a la Comunidad por sus medios, trasladados por sus propias familias a la península, y quedan abandonados a las puertas de los centros de menores". ARAGÓN PIDE QUE EL ESTADO ASUMA LA FINANCIACIÓN Por todo ello, la Comunidad aragonesa ha vuelto a reclamar que el Estado asuma la financiación de la acogida de estos menores, incluido el proceso de emancipación de los jóvenes extutelados que las autonomías están asumiendo también con recursos propios. En el caso de Aragón, y al amparo del Programa 17+ que coordina el IASS, se acompaña a los participantes en su transición a la vida adulta una vez alcanzan la mayoría de edad y en ocasiones ese sostén se mantiene hasta que cumplen los 23 años. En concreto, con datos actualizados a 31 de diciembre de 2024, Aragón atendía a través del mencionado programa a 119 jóvenes extutelados. Actualmente el plan de respuesta del Gobierno de España sólo financia el primer año de estancia y acompañamiento a los menores migrantes que llegan solos a Aragón; el resto de ese proceso lo costea el Ejecutivo autonómico, han asegurado. REPARTO DE MENORES El Gobierno de Aragón ha recordado que ya votó en contra de la propuesta de reparto de menores en la última Conferencia Sectorial, el pasado 28 de abril, por considerar que el Ejecutivo central busca "imponer" a las Comunidades Autónomas los criterios de reparto. El pasado 28 de mayo, en la Comisión Sectorial de Infancia encargada encargada de elaborar el orden del día de esta Conferencia Sectorial, varias Comunidades Autónomas hicieron decaer dos puntos del orden del día al asegurar que los datos relativos a los sistemas de menores regionales eran "erróneos". El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón interpreta esta situación como "una prueba más de que el mencionado real decreto ley no está bien elaborado" y ha insistido en que "se ha hecho sin contar con las Comunidades Autónomas" y "sólo conforme a los intereses de una región en concreto", lo que le ha llevado a interponer un recurso de inconstitucionalidad y otro contencioso-administrativo. |
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