 La investigación se inició en 2023 y ha culminado con 15 detenidos en Cataluña y Comunidad Valenciana, entre ellos un funcionario de prisiones
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado dos organizaciones criminales, una por introducir drogas y objetos prohibidos como teléfonos móviles en el Centro Penitenciario Mas d'Enric en Tarragona, y otra por tráfico de hasta 100 kilos de cocaína al mes en Cataluña y diversos puntos de la Comunidad Valenciana, que se han saldado con 15 detenidos (7 en prisión) y cuatro investigados.
La primera investigación empezó en julio de 2023 cuando los Mossos detectaron una organización que se dedicaba a introducir sustancias como cocaína, hachís y heroína, así como móviles y tarjetas SIM dentro de la cárcel, y lo hacían a través del líder --preso por narcotráfico y homicidio doloso-- con la colaboración de un funcionario de prisión, ha explicado el sargento de la División de Investigación Criminal en Tarragona, Xavier Tenorio.
El trabajador, con "años de experiencia y conocedor del funcionamiento y los mecanismos de prisión", trabajaba por encargo del líder de la banda y se encontraba con diversos distribuidores de droga y material, que luego introducía en prisión a través de paquetes.
Los investigadores realizaron un estudio económico de sus cuentas bancarias y detectaron ingresos de más de 70.000 euros con efectivo en cajeros automáticos, cuya procedencia no se pudo justificar.
ENLACE CON LA OTRA BANDA
Tras las investigaciones iniciales, los mossos y la Guardia Civil decidieron coordinar un equipo conjunto para investigar una segunda banda, relacionada con la primera por las reuniones que el funcionario de prisión y líderes de otra organización mantenían para el narcotráfico de droga, ha detallado el comandante del Instituto Armado Daniel Robles.
De esta segunda destacaba un hombre que residía en Salou (Tarragona) y que tenía una "alta capacidad" para distribuir droga en Cataluña, La Rioja, Zaragoza, Valencia, Castellón y Teruel, así como por su volumen, ya que se calculó que podía vender una media de 100 kilos de cocaína al mes que podían generar hasta 25 millones de euros anuales.
Los investigadores detectaron una organización criminal muy "jerarquizada" en la que los transportistas tenían mucha importancia, y que utilizaban vehículos con compartimentos ocultos para almacenar la droga y transportarla para su venta.
De hecho, los miembros de la banda llevaban los coches --de marcas "normales y sin lujos"-- a un mecánico de confianza, quien modificaba los vehículos con compartimentos hidráulicos que se abrían y cerraban a través del teléfono móvil para esconder la droga y no ser detectada en caso de control policial.
En cuanto al perfil de los miembros, eran empresarios de la restauración y el ocio nocturno en el sur de Tarragona sin antecedentes, que paralelamente a su actividad empresarial, llevaban a cabo la actividad delictiva sin "levantar ningún tipo de sospecha", ha explicado uno de los investigadores de la policía catalana, Raul Ortega.
ENTRADAS, REGISTROS Y DETENCIONES
Con los indicios para realizar las explotaciones con seguridad, el operativo conjunto interceptó el 7 de enero de este año en Salou un transporte destinado a la compra de droga y se intervinieron 200.000 euros en efectivo; después, el 28 de marzo, los investigadores detuvieron un vehículo en la AP-7 con cocaína oculta en su interior.
Tras localizar este coche, intervinieron 15 kilos de cocaína de "alta pureza" y se realizaron dos registros domiciliarios donde se incautaron dos máquinas para contar dinero, 342.000 euros, un revólver, munición para armas de fuego, diversas drogas y documentación.
Ante las actuaciones, se procedió a la detención del líder de la organización y del transportista, de 44 y 54 años respectivamente, como presuntos autores de delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Por otro lado, el 14 de abril se llevó a cabo un nuevo dispositivo para desarticular los miembros de la primera banda, con cuatro detenciones entre los que estaba el funcionario de prisión y dos internos del centro que se coordinaban con él.
Para finalizar, el 6 de mayo se decidió realizar siete entradas y registros en localidades de Tarragona y la Comunidad Valenciana para desarticular del todo la segunda banda, con siete detenidos de entre 43 y 58 años, la intervención de armas de fuego y dinero en metálico, así como el desmantelado del taller de vehículos que modificaba los coches.
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