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Igualdad tiene "muy avanzada" la ley para definir y castigar la violencia vicaria, que regulará casos como el de Bretón | |||
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La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha asegurado que tienen "muy avanzado" un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, que definirá y castigará esta violencia y prohibirá que los asesinos difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre José Bretón. Así lo ha revelado Carmen Martínez este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso. "En esta ley que estamos trabajando y que tenemos muy avanzada, pues se trata en primer lugar de reconocer legalmente, de ponerle nombre a la violencia vicaria, de definirla, de recoger esta definición en aquellos textos legales donde se recoge la violencia de género, como mínimo en esos. ¿Cuáles son? La Ley orgánica de garantía integral contra la violencia de género y el Código Penal. La violencia vicaria tiene que castigarse y tiene que definirse bien", ha explicado Martínez. Además, desde Igualdad quieren que la violencia vicaria "se castigue más fuerte cuando es más grave el daño que se le hace a la víctima", por ejemplo, en los casos de violencia vicaria "más extrema" en la que el agresor llega a asesinar a los niños para dañar a sus madres. Asimismo, según ha añadido la delegada del Gobierno, quieren que la ley recoja la prohibición de la difusión o publicación de contenidos que vayan dirigidos a hacer daño a la víctima. "Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón", ha puntualizado Martínez. En todo caso, ha matizado que no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es "que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido". Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización "en contra de la ley" de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares "a las que se cambia el nombre". "Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura", ha detallado. Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida. "TERRIBLES" ASESINATOS MACHISTAS Durante su comparecencia en el Congreso, la delegada del Gobierno, ha comenzado asegurando que están "destrozadas" por los "terribles asesinatos" machistas de los últimos días --dos confirmados en apenas 24 horas en Getafe y Valencia, y otros tres en investigación-- y ha hecho un llamamiento a "ir de la mano" a todas las instituciones, grupos parlamentarios y a la sociedad. Además, ha avanzado que van a "procurar" convocar los comités de crisis "haya o no cinco asesinatos en un mes" para "analizar todos los casos". El próximo comité de crisis se celebrará el próximo 10 de julio, tal y como han indicado este jueves fuentes del Ministerio de Igualdad. Asimismo, la delegada del Gobierno ha desgranado algunas de las 461 medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de las cuales, según ha precisado, 256 son nuevas y 128 actualizadas, ofreciendo así "un marco más preciso y más exigente". En el marco de este pacto, ha detallado algunas actuaciones. Entre otras, ha comentado que están impulsando la protección de las víctimas de violencia machista ante catástrofes --para que estas no afecten al funcionamiento de servicios como el 016--; trabajando en la mejora de los dispositivos tecnológicos; diseñando campañas contra la violencia machista digital o contra la violencia vicaria; ofreciendo formaciones o integrando la Inteligencia Artificial. Martínez también ha insistido en la importancia de trabajar de forma coordinada y del papel "fundamental" de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas públicas que protejan a las víctimas; y ha advertido del peligro del negacionismo. "EL NEGACIONISMO PONE EN PELIGRO VIDAS" "Toda actuación que no suponga un posicionamiento sin flaquezas contra la violencia machista, todo posicionamiento político que no enfrente de manera valiente el negacionismo y las posiciones reaccionarias, que ponga en duda la transformación social de hombres y mujeres por la igualdad y la no violencia, pone en peligro vidas", ha subrayado. En el turno de portavoces, la diputada del PSOE María Sainz ha comenzado su intervención expresando el "horror, indignación y desasosiego" por "el goteo continuo de asesinatos machistas" y ha mostrado su preocupación por "el activismo negacionista" de Vox. Por su parte, la diputada del PP María de las Mercedes Cantalapiedra ha declarado que España está "ante un verano negro" y ha instado al Ministerio de Igualdad a no esperar a julio para convocar el comité de crisis ante el repunte de asesinatos machistas; al tiempo que ha denunciado los "escándalos de prostitución pagados con dinero público". También ha criticado estos casos la diputada de Vox Rocío Aguirre, mientras que, en referencia a la violencia machista, ha acusado al Ministerio de Igualdad de "estafar a los españoles" porque, a su juicio, el Pacto de Estado "no ha conseguido nada" y le ha afeado que presenten una ley contra la violencia vicaria mientras han aprobado "una ley trans que mutila y destroza". Mientras, desde Sumar, la diputada Júlia Boada se ha referido a la "semana totalmente negra" por los últimos asesinatos machistas y ha subrayado que "la sensación de urgencia es total y absoluta". En cuanto a la ley contra la violencia vicaria, ha celebrado este anuncio y frente a la "deriva un poco punitivista", ha subrayado la importancia de poner el foco en "los protocolos de ámbito sanitario y educativo" y en "la formación" para todos los profesionales que tienen contacto habitual con niños. |
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