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Los pisos para menores con medidas judiciales de Extremadura tendrán al menos dos trabajadores las 24 horas cada día | |||
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Los hogares de inserción sociolaboral destinados a menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales contarán con al menos dos trabajadores durante las 24 horas los 365 días del año, así como un "botón del pánico" e incorporarán un nuevo perfil profesional relacionado con el control y la seguridad. Estas son algunas de las novedades de la contratación del servicio de 20 plazas en los tres hogares de inserción sociolaboral destinados a menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales en las localidades de Badajoz y Cáceres, que ha sido autorizada este miércoles en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Un contrato que duplica el presupuesto anterior, al pasar de 1,8 hasta los 3,5 millones de euros para los dos próximos años, con vigencia del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027. Así lo ha avanzado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una comparecencia posterior a la reunión del ejecutivo, celebrada de forma telemática, en la que se ha referido a este nuevo contrato anunciado tras la muerte de una cuidadora a manos presuntamente de dos usuarios de uno de estos recursos el pasado mes de marzo en Badajoz. Un pliego que ve la luz tras meses de "arduo trabajo", con el que se da respuesta al "compromiso" adquirido con los colegios y asociaciones profesionales de este ámbito social, licitando un nuevo contrato que contribuirá a "garantizar las condiciones de seguridad y calidad en su trabajo". Para ello, se duplica el presupuesto base de licitación del contrato anterior, pasando de 1,8 millones de euros a 3,5 millones de euros, necesarios para continuar con "la mejora del sistema de protección de menores y justicia juvenil" que el Ejecutivo regional viene realizando. Entre las condiciones impuestas se contempla una ampliación del número de profesionales de la plantilla, de tal forma que se garantiza la presencia de al menos dos en cada turno durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. "No volverán a quedarse solos, tal y como vienen demandando desde hace años", ha sostenido, para añadir que se introduce por primera vez una nueva categoría profesional, con un perfil relacionado con el control, la seguridad y la contención, que es el auxiliar de control educativo, que se suma a los actuales psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y auxiliares técnicos educativos, conformándose así un equipo multidisciplinar. Igualmente será obligatorio disponer de un sistema de alarma, "tipo botón del pánico", ha dicho la consejera, que garantice una "respuesta rápida" ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores y los trabajadores, y de un protocolo específico de actuación ante situaciones de violencia, así como una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, que deberá utilizarse tanto durante el proyecto educativo como en el informe de cada residente. El proyecto educativo para cada joven deberá contemplar medidas que vayan "más allá de lo asistencial", incluyendo actividades formativas, intervención psicosocial, terapéutica y el apoyo real a la inserción sociolaboral. El objetivo es "prevenir la reincidencia y facilitar la verdadera reintegración social de los menores", ha avanzado. REFUERZOS EN EL MARCELO NESSI En esta línea, García Espada ha apuntado que se han "reforzado" también los recursos del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la atención educativa de los menores internados. El centro, con capacidad para 50 plazas y 33 menores internos a día de hoy, ofrece enseñanza Secundaria y un ciclo formativo, además de actividades culturales, deportivas y de reinserción. Ante los episodios de violencia que se han registrado, se han adoptado "medidas que no se aplicaron en etapas anteriores". Así, en agosto del 2024 se puso en marcha la Unidad de Intervención Individualizada para Menores con Conductas Disruptivas y se ha reforzado la plantilla desde su llegada. Esta misma semana, ha continuado, se ha autorizado un refuerzo de 11 profesionales, que comprenden seis ATE, cuatro educadores sociales y un trabajador social. También se ha "intensificado" la formación del personal en prevención de violencia, suicidio y adicciones; se han actualizado protocolos de actuación e implantado un programa de apoyo psicológico a los trabajadores. Estas actuaciones reflejan el "compromiso" del Gobierno con los profesionales y la mejora del sistema de reforma juvenil y de protección de menores, ha remarcado García Espada. |
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