
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Política territorial y Memoria democrática, y el Ministerio de Igualdad, están trabajando en un acto de reparación a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer para el próximo mes de septiembre, según ha anunciado este martes la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.
Así lo ha avanzado en el 'Encuentro por la memoria de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer', que se ha celebrado en la sede del Instituto de las Mujeres, en reconocimiento a las víctimas de esta institución activa durante la dictadura franquista y encomendada a algunas congregaciones religiosas.
"Este encuentro nos obliga a mirar de frente la violencia que se ejerció contra miles de mujeres por no encajar en los estrechos márgenes de lo que el régimen consideraba una 'mujer decente'. El Patronato de Protección a la Mujer fue castigo, control, estigmatización, encierro, trabajos forzados, separación de madres e hijos, y una pedagogía del miedo", ha advertido Hernández.
Además, el encuentro ha contado con un coloquio en el que han participado la escritora y superviviente del Patronato, Consuelo García del Cid; la doctora en Historia Contemporánea y autora de la tesis doctoral 'El patronato de protección a la mujer: prostitución, moralidad e intervención estatal durante el franquismo', Carmen Guillén; y la antropóloga y profesora de Sociología, Ana Martínez.
Recientemente, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), institución que representa a más de 400 congregaciones y unos 32.000 religiosos y religiosas, celebró un acto público de petición de perdón a mujeres que pasaron por los centros del Patronato de Protección de la Mujer.
Durante aquel acto, al que asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la eurodiputada de Podemos y exministra Irene Montero, las supervivientes expresaron que "no" les vale con el perdón y exigieron "verdad, justicia y reparación".
Además, tras describir las prácticas a las que eran sometidas, como "explotación laboral, adoctrinamiento religioso extremo o palizas", la superviviente Consuelo García del Cid señaló que la democracia les debe "diez años de vida" y que "la responsabilidad es del Gobierno de España, del Ministerio de Justicia".
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