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El Gobierno envía la reforma de dependencia y discapacidad al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social | |||
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El texto del anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero, en primera vuelta, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento que dirige Pablo Bustinduy. Una vez recibidos los informes de los órganos consultivos, el texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado en segunda vuelta y, posteriormente remitido al Parlamento para iniciar su tramitación parlamentaria, previsiblemente en septiembre, según avanzó la semana pasada la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Entre otras medidas, la reforma incluye el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con algún grado de dependencia y la supresión de las incompatibilidades entre las prestaciones. Según explicaron entonces fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, las reformas buscan promover "un cambio de paradigma" que avance hacia un modelo de cuidados basados en la comunidad y que fomente la autonomía y esperan que la ley de dependencia pase a ser conocida como ley "de la autonomía". Las mismas fuentes precisaron que la ley establece condiciones mínimas y básicas, y que todo lo que plantea es de obligado cumplimiento, y ofrece un marco legal para poder reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia. Además, con estas reformas buscan "agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas" y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33%. Asimismo, con el objetivo de "eliminar rigideces e ineficiencias" y mejorar la "flexibilidad" del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones que, según recordaron fuentes del Ministerio, fue "impuesto con los recortes de 2012". Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio. Igualmente, se elimina el periodo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y se simplifican los trámites administrativos en la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios. Al mismo tiempo, se establece un "procedimiento de urgencia" para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes. CUIDADOS DE PERSONAS ALLEGADAS Por otro lado, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que también pueda recibir la ayuda cuando el cuidado sea prestado por amigos u otras personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas. Según la última versión del texto, al que ha tenido acceso Europa Press, "se reconoce la posibilidad de que la persona cuidadora pertenezca al ámbito familiar y al relacional". Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico. Se elimina también la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo, permitiendo que se oriente a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona. Asimismo, se incluyen tres nuevos servicios en el catálogo, los cuales ya se están desarrollando en algunas CCAA: el 'cohousing' o modelos de vivienda colaborativa; el servicio de préstamo de sillas de ruedas u otros productos para mejorar la autonomía; y el servicio de asistencia personal. Según explicaron fuentes ministeriales, respecto al catálogo de servicios, la ley establece que las cuantías y condiciones de los servicios corresponden al Consejo territorial para luego determinarse en el Real Decreto por el que se regulan las prestaciones. Por tanto, una vez se apruebe la ley, se deberá actualizar ese Real Decreto (tras acuerdo en consejo territorial), para que se modifique en la normativa de las CCAA. ASIGNACIÓN DE RESIDENCIA La reforma también se centra en garantizar el derecho a la elección y la permanencia en el entorno comunitario. Así, la asignación de residencias se basará en las preferencias del usuario y se respetará su puesto de la lista de espera en caso de falta de disponibilidad; se garantiza una atención libre de sujeciones, que solo se podrán utilizar en situaciones excepcionales, y se refuerza el derecho a acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, para evitar la situación vivida durante la pandemia. Por otro lado, en el ámbito de la discapacidad, la reforma de la ley incluye, entre otras medidas, la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, para financiar por ejemplo, la instalación de rampas para sillas de ruedas o QR para audiodescripciones, en espacios como museos u otros. También se regula la accesibilidad universal como un derecho; se garantiza la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud; se prohíbe a las compañías aseguradoras a discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro y se supervisan la inteligencia artificial y otras tecnologías para eliminar sesgos discriminatorios hacia las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente. En materia de accesibilidad en la vivienda, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal y se establece que las obras encaminadas a asegurar la accesibilidad, como la instalación de rampas o ascensores, serán obligatorias, y las comunidades de vecinos deberán solicitar las ayudas para tramitarlas siempre que lo pida un vecino. Además, la reforma refuerza la protección de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad y se otorga valor a que las personas con discapacidad puedan fundar una familia. Por otro lado, se castigarán como infracción grave los espectáculos en los que haya una exposición pública de una persona con discapacidad, como el 'show' del bombero torero en el que participan personas con acondroplasia, y las multas impuestas como consecuencia de una sanción establecida en esta ley se destinarán a programas de promoción de la accesibilidad universal. |
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