Un total de 33 países de Europa, América y el Pacífico --entre ellos, España-- se han comprometido a apostar una pausa preventiva en la minería de aguas profundas y han pedido a sus socios que se unan a esta demanda; que aceleren la investigación científica sobre los fondos marinos profundos para que "la humanidad pueda aprovechar plenamente su riqueza" y que promuevan el respeto del derecho internacional. "Actualmente, nuestro conocimiento científico es insuficiente para comprender los posibles efectos directos e indirectos de dicha explotación. Por consiguiente, el principio de precaución es esencial", han recalcado a través de un comunicado conjunto enviado durante el inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) de Francia y Costa Rica, que está teniendo lugar en la ciudad francesa de Niza. El anuncio ha sido adelantado por el presidente francés Emmanuel Macron, en el debate general plenario de la Conferencia y se ha producido un mes después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU) firmó una orden ejecutiva que busca impulsar la minería submarina y que, según Greenpeace, "aparentemente elude" a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) por sus siglas en inglés), el organismo regulador de la ONU para proteger las profundidades marinas como patrimonio común de la humanidad. En el comunicado, los países que han apoyado esta iniciativa se han remitido a un informe de abril de la Plataforma Internacional para la Sostenibilidad de los Océanos, que explica que, de acuerdo a estudios e informes científicos recientes, los ecosistemas de aguas profundas albergan miles de especies desconocidas, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar. Además, son frágiles y su regeneración es extremadamente lenta. Asimismo, destaca que las profundidades marinas desempeñan un papel "fundamental" en el almacenamiento de carbono y la regulación climática global y que los recursos genéticos de estas zonas pueden impulsar el progreso científico y la innovación en campos tan diversos como la salud, la nutrición y la lucha contra el cambio climático. A su vez, señala cómo la actividad minera generaría columnas de sedimentos que podrían afectar la vida en las profundidades marinas y al comportamiento de las especies en la columna de agua. Estas columnas transportan metales pesados que podrían afectar a toda la cadena alimentaria hasta llegar a los seres humanos. Las 33 naciones han incidido en que los recursos minerales de los fondos marinos profundos en zonas fuera de la jurisdicción nacional constituyen patrimonio común de la humanidad en virtud del derecho internacional. Por lo tanto, deben estar sujetos a la gestión colectiva y responsable de ISA. "Cualquier posible explotación minera de los fondos marinos profundos en zonas fuera de la jurisdicción nacional, fuera del marco jurídico internacional, como se refleja en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sería contraria al derecho internacional", han subrayado. Por lo demás, los países se han comprometido a contribuir activamente a las negociaciones en curso sobre las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para garantizar la protección eficaz del medioambiente y el respeto del principio del patrimonio común de la humanidad. Al margen de España y de, claro está, la propia Francia, se han unido a esta coalición de países Alemania, Austria, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Palau, Panamá, Perú, Portugal, Suecia, Suiza y Vanuatu.
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