CyL presenta el recurso de inconstitucionalidad a la reubicación de menores migrantes por "vulnerar" competencias

La Junta de Castilla y León ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la reubicación entre las autonomías de menores migrantes no acompañados definida por el Gobierno central al considerar que esta decisión "vulnera competencias exclusivas" de la Comunidad sobre protección y tutela de menores.

Así lo ha detallado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha defendido que, a juicio del Ejecutivo autonómico, este recurso presentando ante el Tribunal Constitucional incide en el rechazo de la Comunidad al Decreto que establece un reparto "unilateral, forzosa y discrecional".

En la argumentación del recurso el Ejecutivo autonómico entiende que se vulneran hasta diez artículos de la Constitución Española por siete causas diferentes.

"Teníamos tres meses desde la aprobación del Decreto Ley, hemos trabajado durante todo este tiempo para disponer de toda la argumentación concreta, incluso solicitar los informes preceptivos correspondientes, incluyendo del consejo consultivo", ha señalado, al tiempo que ha precisado que su presentación es inmediata

Fernández Carriedo ha explicado que la decisión de recurrir se fundamenta en dos aspectos principales, por un lado la distribución "claramente insolidaria" de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas y, por otro, la transferencia de competencias estatales en materia de inmigración a una comunidad autónoma, lo que, a su juicio, podría afectar incluso al control de fronteras.

"Nosotros no estamos ni de acuerdo en la distribución insolidaria de este factor, ni en la cesión de unas competencias de Estado a las comunidades autónomas, que debiera, lógicamente, garantizar lo que son las competencias del Estado, pero también asegurar las de las comunidades autónomas", ha afirmado.

El portavoz ha subrayado que la Junta siempre ha mantenido "voluntad de diálogo y de acuerdo", pero ha lamentado que el Gobierno central haya tomado una "decisión pactada y acordada con algún partido separatista".

De este modo, Fernández Carriedo ha recordado que la Junta tiene competencias en la construcción y dotación de centros, pero corresponde al Estado el control de fronteras y la colaboración con otros países y con la Unión Europea. "Si esas competencias fueran ejercidas de forma adecuada, no hubiéramos llegado a la situación que tenemos en este momento", ha concluido.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El Ejecutivo autonómico entiende que se vulneran hasta diez artículos de la Constitución Española por siete causas diferentes, así, una de las transgresiones "clave" es la invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la protección y tutela de los menores. En este sentido, la Junta manifiesta en el recurso que dicha vulneración no debe ampararse en la competencia estatal de migración y extranjería, puesto que el objetivo principal del Real Decreto es repartir a los menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas, adulterando así el régimen competencial constitucional.

Además, en este contexto, la situación se "agrava" al realizar el reparto mediante la imposición de un protocolo de actuaciones a realizar con motivo del traslado de estos menores.

El Ejecutivo autonómico también ve "dañado" el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno de España fuerza el incremento de personas atendidas de manera obligatoria por el sistema de acogida castellano y leonés, pero no establece ninguna vía de financiación de esta asistencia. Es decir, la Comunidad debe hacerse cargo económicamente de todos los gastos relativos al acogimiento de estos menores.

Sin embargo, esta situación no es equivalente en todos los territorios españoles. Por ello, la Junta ha añadido un argumento más al recurso, que es la vulneración del principio de solidaridad interterritorial: "algunas comunidades autónomas van a contar con una financiación íntegra, mientras que otras, como es el caso de Castilla y León, no. Esto va de la mano también del desequilibrado reparto de menores entre territorios. En conjunto, supone un agravio comparativo que causa perjuicio financiero a unas comunidades frente a otras".

El Gobierno autonómico ha introducido también en el recurso de inconstitucionalidad, la quiebra de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre el Estado y del principio de lealtad institucional. Esto se debe a que los criterios de reparto se "imponen" a los acordados mayoritariamente por las comunidades autónomas en 2022 en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que es el órgano interadministrativo en el que han de tomarse estas decisiones que afectan de manera directa a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

A todos estos argumentos, la Junta suma la "intrusión" de una norma ordinaria como es un Real Decreto-Ley en materias reservadas a una Ley Orgánica y la inexistencia de justificación por parte del Gobierno central de la situación extraordinaria y urgente necesidad establecida en la Constitución para poder aprobar una norma con rango de Ley por la vía rápida.