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Facua pide reformar la Ley de Seguridad Aérea porque menos del 5% de las reclamaciones se traducen en multas | |||
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La asociación ha solicitado al titular del departamento, Óscar Puente, que promueva una modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, para que se sancione de manera "eficaz, proporcionada y disuasoria", tal como establece el reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros ante cancelaciones, retrasos y denegaciones de embarque. Facua denuncia que el actual artículo 45 bis de la norma permite que los incumplimientos de compensación y asistencia no sean considerados infracción si la aerolínea atiende la reclamación tras ser instada por AESA o por un tribunal. En esos casos, la infracción pasa a considerarse leve, lo que reduce notablemente el alcance de las sanciones. DESCENSO DE LAS MULTAS PESE AL VOLUMEN DE QUEJAS. Según los datos aportados por la propia AESA en respuesta parcial a una solicitud de información tramitada por Facua a través del Portal de Transparencia, en 2024 las multas impuestas a aerolíneas ascendieron a 2,4 millones de euros, un 25% menos que en 2023, cuando alcanzaron los 3,2 millones. La agencia no ha facilitado el desglose de las sanciones por compañías ni por motivos, alegando que elaborar dicha información requeriría un "trabajo de recopilación y ordenación específica totalmente personalizada". Facua considera "sorprendente" que el organismo no cuente con informes detallados sobre las compañías sancionadas y los tipos de infracciones cometidas, lo que, a juicio de la asociación, refleja "una preocupante falta de transparencia" y la ausencia de mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa por parte del sector aéreo. En 2023 AESA recibió 32.457 reclamaciones de pasajeros, pero solo incoó 1.475 expedientes sancionadores, sin especificar cuántos de ellos correspondían a aerolíneas. En 2024, esta cifra bajó hasta los 1.178 expedientes. DEMANDAS DE CAMBIOS LEGISLATIVOS Facua advierte de que el marco actual incentiva que las compañías incumplan sus obligaciones, dado que sólo en caso de negativa reiterada a indemnizar al pasajero se contempla la posibilidad de sanción. Además, si finalmente pagan tras una resolución judicial, la infracción es considerada leve. La organización ha pedido al Gobierno una reforma legal que permita actuar de oficio y multar directamente las infracciones sin que el pasajero tenga que pasar por una larga reclamación administrativa o judicial. |
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