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El exconsejero Alberto Reyero testifica en una de las causas por las muertes en residencia en pandemia | |||
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En el procedimiento judicial están investigados los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los querellados declararán como investigados el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina. Se les investiga por la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial. ALTOS CARGOS EN PANDEMIA Carlos Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19. Javier Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado. Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos". El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. REYERO CITADO COMO TESTIGO Este martes están citados como testigos el exconsejero de Políticas Sociales, quien ha sido muy crítico con los protocolos desde que dimitiese en mayo de 2020. El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes. CONSEJERÍA DEFIENDE QUE HAY MÁS DE 60 PROCEDIMIENTOS ARCHIVADOS La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reiterado que respeta las decisiones judiciales, pero ha recordado que "ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados por esta cuestión". En este sentido, ha querido subrayar que "la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otras nueve sociedades médicas". "En Madrid se peleó por cada vida. Se hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida en un contexto de pandemia y con un virus desconocido", ha expresado Dávila, y ha agregado que la región "estuvo por debajo de la media en mortalidad en residencias". Además, se ha preguntado "por qué no se está investigando en otras comunidades autónomas, como Cataluña o Aragón, donde sí hubo esos protocolos". "Parece que solo importan los fallecidos en Madrid", ha zanjado. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados. Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia de covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental '7.291', en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020. |
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