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El exdirector de la Dgaia dice que los contratos de emergencia eran legales y "necesarios" | |||
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El exdirector general de Atención a la Infancia y la Adolescencia entre enero de 2016 y agosto de 2017, Ricard Calvo, ha asegurado este miércoles que las prórrogas no formalizadas y los contratos de emergencias en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) --supuestas irregularidades recogidas en el informe de la Sindicatura de Comptes de abril de 2024-- eran legales y "necesarios". Lo ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament de Catalunya, en la que ha asegurado que cuando llegó al cargo en enero de 2016, el sistema estaba "tensionado y sobreocupado" debido a una reducción de plazas y a una falta de disponibilidad presupuestaria para nuevas contrataciones. En ese marco, la prórroga de contratos en el marco de la Dgaia se hizo de acuerdo a lo previsto en la Ley 3/2016, de medidas urgentes en materia de contratación pública, ya que respondía a una "previsión legal" de situación de urgencia. Además, ha apuntado que un informa de la Comisión de Ética en la Contratación Pública, emitido el 27 de mayo de 2019, concluyó que no existía un conflicto de intereses entre su posición de director general y su anterior posición de gerente en entidades contratadas por la Dgaia a las que luego se reincorporó. Ha asegurado que las contrataciones de emergencia fueron una respuesta al aumento de menores no acompañados en Catalunya (684 en 2016; 1.489 en 2017; 2659 en 2018) y ha dicho que eran servicios "necesarios, imprescindibles y de obligatoria prestación", y que se utilizaron las formas legales disponibles y se informó debidamente al Govern. GRUPOS PARLAMENTARIOS La diputada de Junts, Ennatu Domingo, ha pedido justificar la adjudicación de servicios de acogida sin contratación pública y los contratos verbales, así como ha preguntado a Calvo si la situación estaba comunicada formalmente, si no le parece que supone una vulneración de igualdad de oportunidades y transparencia y si no había un problema ético con su anterior posición como gerente de Plataforma Educativa. La diputada de ERC, Ester Capella, ha preguntado por los cambios en el marco normativo de los contratos y por la posición de la Comisión de Ética, mientras la diputada del PP, Montserrat Berenguer, ha inquirido sobre un "abuso de externalización de servicios". La diputada de Vox, María García, ha dicho que las fundaciones al cargo de los centros sí tienen ánimo de lucro; Núria Lozano (Comuns) ha preguntado qué valor añaden las externalizaciones y ha dicho que el sistema de protección a la infancia está "caducado", y Pilar Castillejo (CUP) ha inquirido sobre los precios de las plazas y el pago de alquileres. Por su parte, la diputada del PSC, Mònica Ríos, ha destacado la transformación de la Dgaia anunciada el pasado lunes por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, que pasará a ser la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (Dgppia). RESPUESTA Calvo se ha remitido a lo que dijo la Fiscalía de la cuestión: que habiendo revisado los contratos adjudicados, así como toda la documentación referente, no existía delito de negociación ni actividad prohibida, y que quedaba probado que no había beneficio personal de ninguna de las contrataciones promovidas, y no existían indicios de tráfico de influencias ni prevaricación. Asimismo, ha insistido en que la Comisión de Ética dijo que no había conflicto laboral porque el director general no puede influir en un comité de contratación del que no forma parte ni sabe quiénes lo forman, y en que está "totalmente probado y demostrado" que el papel de la contratación se ajustaba a la ley, así como ha remarcado que tenía derecho a volver de una excedencia. |
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