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Marchena dice que "reduciría enormemente" el número de autoridades aforadas: "Desprenden el aroma de privilegio" | |||
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El magistrado Manuel Marchena ha manifestado este lunes que "reduciría enorme el número de autoridades aforadas" al considerar que "desprenden el aroma de privilegio" y ha defendido que los "únicos" aforamientos que ve justificados son los "constitucionales" --los de diputados, senadores y miembros del Gobierno, así como los de miembros de la Corona--. Así se ha pronunciado durante la presentación de su primer libro, 'La Justicia Amenazada' (Editorial Espasa), en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, junto al escritor Lorenzo Silva. Al evento han acudido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como varios vocales del órgano de gobierno de los jueces y magistrados del alto tribunal, entre otros miembros de la judicatura. En su intervención, Marchena ha abordado --como también hace en el libro-- el debate sobre los aforamientos y ha asegurado que a su juicio debería limitarse o reducirse. "Creo que se nos ha ido la mano con los aforamientos", ha dicho, para luego incidir en que si estuviese en sus manos "reduciría enormemente el número de autoridades aforadas". Las manifestaciones de Marchena tienen lugar en el marco de la polémica que tiene lugar en Extremadura después de que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo --procesado en la causa relativa al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, propusiera a la presidenta de la Junta, María Guardiola, "reflexionar" sobre la eliminación de los aforamientos de la Asamblea de Extremadura y modificarlo en el Estatuto de Autonomía. Con todo, el magistrado ha considerado una "paradoja" el hecho de que el ciudadano crea que el aforamiento es un "privilegio" mientras que el aforado en ocasiones lo ve como una desventaja, al ver que se queda sin segunda instancia a la que recurrir las decisiones judiciales. DENUNCIA EL "USO PATOLÓGICO" DE LAS ACUSACIONES POPULARES Este lunes, también ha asegurado que cree que "no es el momento de plantearse una reforma" que quite las investigaciones penales a los jueces para dejarlas en manos de los fiscales. "A mí me da la impresión de que una modificación legal ahora, en estos términos, cuando los vientos que soplan son de desconfianza, no es el momento para plantearse una reforma", ha señalado en el marco de su intervención. El que fuera hasta el pasado diciembre --tras 10 años de mandato-- presidente de la Sala de lo Penal del Supremo ha señalado que, aunque le parece "correcto" el modelo, cree que en este momento no se dan las condiciones para aplicarlo. "A mí el modelo me parece correcto, pero todos los modelos tienen una coyuntura histórica que creo que no se da aquí", ha insistido. Con todo, ha apuntado que, cuando llegue el momento, "tendría que ser una reforma pactada con todas las fuerzas políticas". Al margen, el magistrado también se ha pronunciado sobre la acción popular que, bien ha recordado, es "un bien constitucionalmente reconocido". Sin embargo, ha asegurado que ve como un problema el "uso patológico de la acusación popular". Ha reconocido que ve con malos ojos que partidos políticos y sindicatos ejerzan la acusación popular. Según ha dicho, la situación debería cambiar "mañana". Sobre este extremo, ha reconocido que la de España es una situación única en Europa. "El daño que se está haciendo por trasladar la dialéctica de enfrentamiento de los partidos políticos al proceso penal es irreparable", ha señalado. ESPERANZADO TRAS LOS RECIENTES NOMBRAMIENTOS EN EL SUPREMO Durante su intervención, Marchena también ha dedicado unas palabras al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que le parece "tremendamente injusto" que se cuestiones el papel que está llamado a desempeñar dicho órgano. "Todos deberíamos mimar al Poder Judicial", ha dicho para luego poner en valor que es mejor el modelo por el que el CGPJ nombra a los jueces en España que una alternativa en la que el Ministerio de Justicia de turno designase a dedo a los magistrados del Tribunal Supremo. Al hilo, ha asegurado que "hay motivos para la esperanza" después de que el año pasado se materializase la renovación del CGPJ. "Poco a poco la planta judicial empieza a ser cubierta", ha manifestado. "TENSIÓN HISTÓRICA" ENTRE EL PODER POLÍTICO Y LA JUSTICIA Con todo, ha reconocido que el órgano de gobierno de los jueces es "una institución que está en la permanente tensión y contraste con el poder político". No obstante, al principio de su intervención ha recordado que "la tensión entre el poder político y las estructuras de la justicia es una tensión histórica". En concreto, ha leído extractos de publicaciones que datan de 1871. Al hacer referencia a las tensiones "históricas" también ha mencionado el caso del Ministerio Público. "El cargo del fiscal general del Estado está sometido permanentemente a una tensión histórica", ha dicho, aunque luego ha reconocido que "hay momentos que adquieren una dimensión inédita". El magistrado ha presentado un libro --a la venta desde el pasado 21 de mayo-- que se aleja de la redacción técnica habitual de las sentencias y resoluciones judiciales y se acerca al lector de a pie para abordar los que considera que son los problemas actuales de la justicia española. Según ha informado este lunes la editorial, "a los dos días de publicar el libro", se ha lanzado una reedición. Tras 40 años de servicio en la judicatura --primero como fiscal y luego como magistrado--, es la primera vez que se embarca en una apuesta editorial de este estilo, dado que hasta ahora solo había probado suerte con libros académicos y más de medio centenar de artículos publicados en revistas especializadas. Canario de nacimiento y fiscal de formación, desembarcó en el Supremo en 2004 como fiscal de su sección penal, hasta que en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Penal, entrando por el turno reservado para juristas de reconocida competencia, convirtiéndose así en uno de los magistrados más jóvenes en llegar al alto tribunal. Aunque su figura se mediatizó en 2019 por las transmisiones en directo de las sesiones del juicio del 'procés', donde ejerció como presidente del tribunal, Marchena es un magistrado que rehúye las entrevistas y evita posicionarse públicamente, tanto sobre asuntos judiciales en curso como sobre medidas políticas que podrían acabar en los tribunales. Si bien en su libro ahora aborda cuestiones de actualidad, se esfuerza en no achacar las 'amenazas' de la justicia a nombres y apellidos concretos. Con todo, se detiene en el debate sobre la independencia de la Fiscalía: empieza el libro con el capítulo "¿De quién depende el fiscal? Pues ya está", en alusión a la frase que entonó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2019. También se pronuncia sobre los aforamientos, en un segundo capítulo en el que se pregunta si existe "una casta blindada frente a la investigación judicial". Cabe recordar que en la actualidad el Supremo acumula varias causas abiertas a aforados: desde el exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, y hasta el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, pasando por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y reflexiona a su vez --en el capítulo de cierre del libro-- sobre la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abordando entre otras cuestiones el modelo de elección de los vocales del órgano. La prisión permanente revisable, la violencia sobre la mujer y los delitos de odio son otros asuntos en los que también se adentra en las más de 300 páginas que conforman la publicación. |
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