Boeing acuerda con EE.UU. pagar 1.000 millones y evitar el juicio por los accidentes del 737 MAX

Boeing ha llegado a un acuerdo provisional con el Departamento de Justicia de EE.UU. por el que pagaría 1.100 millones de dólares (956 millones de euros) para evitar cargos penales por los dos accidentes mortales del 737 MAX.

El juicio por este caso estaba previsto para el próximo 23 de junio en Fort Worth (Texas). Según adelanta Bloomberg, el acuerdo incluye el pago de 444,5 millones de dólares (391,1 millones de euros) a un fondo para los familiares de las víctimas de estos accidentes, que ocurrieron entre octubre de 2018 y marzo de 2019 por un error en el diseño de su 'software' del avión, causando la muerte a 346 personas.

Asimismo, Boeing tendría que destinar 455 millones de dólares (399 millones de euros) para fortalecer sus programas de cumplimiento, seguridad y calidad y otros 243 millones de dólares (213,3 millones de euros) en forma de multa.

Los familiares de las víctimas se han mostrado totalmente en contra de que se llegara a un acuerdo para que la compañía evitara el juicio y la semana pasada emitieron una carta al Gobierno estadounidense pidiendo que Boeing no se librara de la acusación penal.

El preacuerdo aún debe ser aprobado por el juez del distrito, Reed O'Connor, y está previsto que dé un veredicto antes del próximo viernes 30 de mayo.

Podría llegar así el fin de un proceso que lleva desarrollándose varios años. En 2021, el fabricante llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para aplazar el procesamiento por una acusación de engaño al regulador, la Administración Federal de Aviación (FAA), sobre un sistema relacionado con esos accidentes.

Meses después, el Gobierno afirmó que Boeing había violado ese acuerdo y recomendó una acusación penal, por lo que la compañía acordó declararse culpable de conspiración criminal, pagar una multa y comprometerse al gasto de al menos 455 millones de dólares (421 millones de euros) para reforzar sus programas de cumplimiento y seguridad.

Tras esto, el juez había concedido al fabricante y a los abogados del gobierno varias prórrogas para facilitar las negociaciones sobre un nuevo acuerdo.