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Redondo propone al Congreso reformar el Código Penal para incluir la violencia vicaria y atender casos no extremos | |||
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha propuesto este jueves a los grupos parlamentarios una reforma del Código Penal para incluir la violencia vicaria. "Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género", ha asegurado la ministra en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso. En este sentido, fuentes ministeriales han asegurado a Europa Press que el departamento que dirige Redondo va a proponer esta reforma en el ámbito del desarrollo del Pacto de Estado ya que si se aborda desde el pacto tiene más posibilidades de salir adelante. Además, Redondo ha llamado a reconocer en el ordenamiento jurídico a las víctimas de violencia vicaria como víctimas también de violencia de género. "Estamos trabajando precisamente en esta incorporación", ha avanzado. Igualmente, ha instado a atender a las diversas formas de violencia vicaria, "no sólo a la más extrema". "Por ejemplo, hemos de atender también al ejercicio de violencia sobre hijos y hijas como consecuencia de la no alimentación adecuada, de que no se les lleve al colegio en tiempo y forma, o que se descuide su atención sanitaria o farmacológica", ha explicado. También en el ámbito de la violencia vicaria, ha pedido avanzar hacia un sistema que permita detectar casos de violencia vicaria en procedimientos civiles de familia. Para ello, ha abogado por implementar protocolos especializados en violencia contra las mujeres en los puntos de encuentro familiar, garantizar la no aplicación del falso síndrome de alienación parental, o impulsar la formación especializada para profesionales de la justicia y operadores jurídicos, profesionales de servicios sociales o profesionales que tengan contacto con menores de edad. En cuanto a la violencia económica, la ministra ha expuesto que ya están "trabajando" en medidas que recoge el Pacto sobre este fenómeno. Así, se ha referido a la tipificación normativa específica de la violencia económica en el marco legislativo español. También al refuerzo de la vigilancia judicial sobre el incumplimiento de pensiones alimenticias y compensatorias, el diseño de mecanismos "ágiles" para el "embargo inmediato" de bienes y rentas en caso de impago reiterado de pensiones. "No basta con reconocer la violencia económica, debemos combatirla con voluntad política sostenida, con recursos suficientes y con los cambios estructurales y culturales necesarios. Porque sin independencia económica no hay posibilidad real de romper con el ciclo de la violencia ni de construir un futuro digno para quienes han sido víctimas", ha recalcado. Por otro lado, se ha referido a la violencia digital y ha tildado de "preocupante" la pornografía en internet. "Este acceso cada vez más frecuente y normalizado no sólo expone a los menores a contenidos inadecuados para su desarrollo emocional y sexual, sino que también configura de manera distorsionada sus ideas sobre el consentimiento, la afectividad, el cuerpo y las relaciones interpersonales", ha expuesto. En esta misma línea, ha precisado que el Ministerio ha "aprovechado" el proyecto de ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales, que ha iniciado su tramitación en el Congreso, para incorporar "buena parte" de las medidas suscritas en materia de violencia digital. Por otro lado, cuestionada por los 'populares' por la situación de las menores tuteladas, ante casos de presunta explotación sexual, la ministra ha indicado que es un asunto que "preocupa" a su departamento. En todo caso, ha recordado que dentro del Pacto existen "recursos específicos", de 800.000 euros, para hacer un seguimiento de las comunidades autónomas. "Creo que hay que exigir más a las comunidades autónomas", ha añadido. En el turno de portavoces, la socialista Milena Herrera, sobre los juzgados especializados, ha reclamado "confianza" en el sistema de que realmente pueda "tratar mejor" a las víctimas a través de la incorporación de los 53 nuevos jueces y magistrados, aún pendiente de aprobación. Asimismo, ha incidido en la necesidad de educar a nuevas generaciones en la "tolerancia cero" hacia la violencia. En este sentido, se ha referido al "discurso de aquellos que se agarran fuerte a un argumentario negacionista machista y misógino". "Fracasaremos si los que intentan abrir grietas en esta lucha lo consiguen", ha subrayado. Por parte del PP, Silvia Franco, ha expuesto que la forma de abordar cada una de las medidas legislativas que impone el Pacto de Estado debe ser con "proyectos específicos coherentes", que vengan con informes consultivos de expertos. También ha hecho alusión a la reforma del Código Penal para definir la violencia vicaria. En este sentido, ha dicho que se trata de "una arquitectura muy delicada" y que "cualquier modificación" que se haga tiene que hacerse de "forma muy sosegada, muy tranquila" para "no conseguir el efecto contrario al que se pretende". Si bien, a la cuestión de la modificación del Código Penal, Redondo ha respondido que la "idea" no es abrirlo "cientos de veces", sino "cuando sea necesario y rigurosamente para incorporar aquello que es imprescindible para dar para dar respuesta a las medidas del Pacto". Además, Franco ha dicho que "no se puede recortar en igualdad" ni en violencia de género "mientras se presume de compromiso", en referencia al Plan Corresponsables. Así, ha preguntado a Redondo qué va a pasar con los fondos del Pacto de Estado. Mientras, Rocío Aguirre Gil de Biedma, de Vox, ha reprochado a Redondo no llevar a cabo una evaluación de las medidas del Pacto para estudiar si han sido "eficaces y eficientes". En esta misma línea, ha acusado al Ministerio de "estar destrozando la vida a mucha gente" y de no conseguir los objetivos en cuanto a los asesinatos por violencia machista. "No puede ser que no se haya hecho una fiscalización y una auditoría externa seria para ver a dónde va cada euro que se está gastando en este pacto", ha asegurado. Además, la diputada de Vox ha pedido que "desaparezca" el Ministerio de Igualdad y ha instado a la ministra a derogar la ley contra la violencia de género. Por Sumar, Jùlia Boada, ha indicado que "la violencia vicaria no se combate endureciendo el Código Penal" y ha añadido que, desde su formación dudan en que "más punitivismo salve la vida de niños y niñas". Además, ha hecho alusión a la apuesta de Igualdad por reformar el Código Penal para evitar casos como el del libro sobre José Bretón. "Simplemente, decir que nos gustaría analizarlo y sobre todo no dejarnos llevar por la presión mediática ni de las medidas populistas", ha señalado. Además, Boada ha llamado a "poner todos los mecanismos y toda la maquinaria en marcha" para desarrollar todas las medidas que recoge el Pacto y hacerlas "efectivas", con el objetivo de "terminar con todas las formas de la violencia machista". PODEMOS CRITICA LA "TIJERA" A POLÍTICAS "CLAVE" A MUJERES Al igual que el PP, desde Podemos, Noemí Santana ha afeado al Gobierno haber aplicado la "tijera" a políticas públicas que son "clave" para la vida de las mujeres. También ha criticado los "incumplimientos" con la ley del 'solo sí es sí', respecto a los centros de crisis, que ha dicho que en algunas comunidades autónomas "siguen sin existir". Por el PNV, ha demandado que aquellos desarrollos legislativos que recojan las medidas del pacto tengan el "bagaje correspondiente" para no tener que solucionar después "situaciones complicadas". Finalmente, Etna Estrems, de GR, ha dicho que el Pacto de Estado contiene "mínimos", con el objetivo de llegar a un consenso entre fuerzas políticas "muy diferentes". Así, ha dicho que se tuvo que dejar fuera cuestiones como la violencia institucional. |
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