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Consumo y Sanidad inician la tramitación del decreto para que la alimentación en hospitales y residencias sea saludable | |||
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Según ha informado, el objetivo de la norma es garantizar una alimentación saludable, nutritiva y sostenible para personas dependientes o con necesidades especiales que usan estos centros, y concibe la dieta como un aspecto fundamental para mejorar su recuperación y su calidad de vida. "Exigir este derecho parece obvio y debería estar conseguido, pero no está garantizado en un país desarrollado como el nuestro. Hoy comienza su andadura este real decreto que regulará la alimentación para que la salud empiece desde lo más básico, que es la bandeja de la comida de un hospital o de una residencia", ha señalado la ministra de Sanidad en una rueda de prensa. Al hilo, García ha subrayado que la alimentación de hospitales y residencias ha sido "muchas veces olvidada", por lo que ha indicado que los futuros menús deberán estar a la altura: "Queremos que los alimentos procesados y ultraprocesados estén fuera y que los profesionales se involucren". Así, este jueves se ha abierto el periodo de consulta pública de este real decreto, por lo que ciudadanos, entidades sociales, organizaciones de consumidores, profesionales y personas usuarias de hospitales y residencias, entre otras, podrán hacer aportaciones y comentarios en la elaboración del proyecto normativo. El plazo de participación estará abierto hasta el 21 de junio. "Todavía no hay ningún texto, lo que lanzamos es una frase previa. Pero, sí hay una serie de objetivos y nos apoyamos sobre una serie diagnósticos, evidencias y estudios, y aparte de la experiencia reciente con el real decreto de comedores escolares", ha apuntado Bustinduy. En este sentido, García ha señalado que el sector debería "abrazar este decreto", ya que su imagen se va a ver "beneficiada". "El que lo está haciendo bien -refiriéndose a hospitales y residencias- no tiene ningún problema, no le puede tener ningún miedo a este real decreto", ha añadido García. Ahora, el objetivo del Gobierno es aprobar un nuevo real decreto que garantice que todas las comidas servidas en los centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales se asienten en las recomendaciones dietéticas de alimentación saludable y sostenible para todos los grupos de edad y ajustándose a los contextos pertinentes, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La futura normativa se enmarca dentro de las previsiones recogidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y establecerá criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad que deberán cumplirse en la contratación y prestación de servicios de alimentación en hospitales y residencias, asegurando la correcta alimentación de los usuarios de centros y servicios dirigidos a personas dependientes y con necesidades especiales. La iniciativa también responde al llamamiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo a los gobiernos en 2021 para que sus políticas públicas promovieran una alimentación saludable en los establecimientos públicos. El objetivo de la OMS es reducir la prevalencia de enfermedades evitables relacionadas con la dieta. COMEDORES ESCOLARES Esta normativa llega un mes después de la aprobación en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, del real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles. Esta normativa, ya aprobada, establece unas frecuencias mínimas en los comedores de colegios e institutos para asegurar un mayor consumo de verduras, frutas y pescados frescos, y limitar las frituras, los precocinados, los alimentos procesados y los productos azucarados. En este punto, el ministro ha aclarado que, tanto en comedores escolares como en hospitales, habrá que "reforzar" los mecanismos de inspección, que dependen de las CCAA: "Será una labor colectiva asegurarnos de que este real decreto se cumple", ha agregado. Por su parte, García ha indicado que le "cuesta creer" que las CCAA "no abracen este real decreto". "Somos servidores públicos que se nos ha elegido para dar lo mejor de nosotros mismos para nuestra sociedad. Y si hay comunidades autónomas que no cumplen la ley, tendrán que responder frente a sus ciudadanos, usuarios y familias", ha aseverado. |
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