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El PP insta al Gobierno a mejorar la cuantía para retener a funcionarios estatales en Baleares, con abstención del PSOE | |||
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La mayoría absoluta del PP ha sacado adelante este martes en el Senado una iniciativa no vinculante con la que emplaza al Gobierno a actualizar las indemnizaciones por residencia de los funcionarios públicos destinados en las Islas Baleares, que ha contado con el apoyo de PNV e Izquierda Confederal, mientras que el PSOE se ha abstenido. Durante la Comisión de Función Pública, los 'populares' han incidido en que desde hace casi dos décadas las cuantías de indemnización "han quedado totalmente desfasadas", reclamando "un nuevo estudio de actualización que las adecué a la realidad". Han planteado que, para ello, el Gobierno destine como mínimo 18 millones de euros adicionales, una cifra que "no supone para las arcas del Estado ningún descalabro". "No hablamos de cifras desproporcionadas, tan solo de incrementar una cuantía que permitiría igualar las condiciones retributivas con los funcionarios autonómicos, otorgar estabilidad a las plantillas, fidelizar al empleado público y cubrir las vacantes desiertas", ha expresado el senador del PP Miguel Ángel Jerez. A la vez que ha llamado la atención sobre que, "con las condiciones actuales, nadie quiere ir a trabajar a las Islas Baleares y quien va por destino forzoso, en cuanto puede se va", por lo que ha pedido que haya facilidades para que los funcionarios permanezcan. 76 EUROS POR FUNCIONARIO En su moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP avisa de que Baleares atraviesa una "mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios" por los efectos de "los mayores costes de la insularidad", que se une a que en los últimos años se ha producido un "encarecimiento muy agudo" de los precios del mercado inmobiliario. "Todo lo anterior hace que la provisión de las plazas de empleados del sector público estatal en Baleares se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad", advierten, para añadir que una consecuencia es la "desertización de las plazas del sector público estatal", lo que provoca un "deterioro considerable" de la calidad de los servicios que presta el Estado en las islas. Al respecto, mencionan que el Gobierno situaba en 9.473 el personal del sector público estatal en Baleares en 2019 y que la cantidad destinada a indemnizaciones por residencia en ese ejercicio fue de 8.481.272 euros, una media de 76,61 euros para cada efectivo. Desde el PSOE, el senador José Francisco Hila se ha mostrado a favor de que se negocie la mejora del plus, pero ha puesto el foco en que una medida "de verdad" para reducir el precio de la vivienda para los funcionarios del Estado es que el Ejecutivo autonómico, presidido por el PP, aplique la Ley de Vivienda. "Pido al Govern de las Islas Baleares, que es quien tiene la mayoría de las competencias en vivienda, que declare las zonas de mercado residencial tensionado en las islas. Creo que nadie aquí se atreverá a negar que no es una zona tensionada del alquiler. Es la única medida a corto plazo que podemos aplicar", ha indicado. |
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