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UPN apoya en el Senado que los etarras no arrepentidos no puedan ir en listas electorales | |||
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"Esperemos que el Congreso no paralice unas normas tan demandadas como éstas por las víctimas, que solo en 2024 tuvimos que asistir a la celebración de 421 actos de apoyo a ETA o a sus presos, muchos de los cuales contaron con la complicidad, cuando no con la colaboración explícita, de determinadas instituciones públicas", ha dicho Caballero. Según ha explicado, "desde UPN llevamos muchísimo tiempo pidiendo modificaciones legislativas que impidan que los condenados por delitos de terrorismo que no se hayan arrepentido sean incluidos en las listas electorales, y que prohíban los homenajes y actos de apoyo a los asesinos de ETA". "Sin embargo, el Gobierno no ha hecho más que mirar para otro lado y darnos largas, prolongando una inadmisible situación de impotencia, humillación y ultraje hacia las víctimas y sus familiares a la que se debe poner fin de manera inmediata", ha añadido. La proposición de ley para impedir que los etarras concurran en las listas electorales modifica la Ley del Régimen Electoral General al incluir un nuevo supuesto de inelegibilidad para aquellos condenados que no acrediten "su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento, su solicitud de perdón a las víctimas y su compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución". El texto añade también que deberán acreditar que "han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas". La segunda propuesta legislativa que se verá en la Cámara Alta responde a una serie de recomendaciones recogidas en un Informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo del pasado 21 de abril de 2022 que incluyen "tipificar como delito la apología de actos terroristas, evitar los procesos de revictimización, terminar con los homenajes a etarras e investigar los casos de asesinato aún no resueltos". Para esto último, la nueva ley plantea modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo con una disposición adicional para impulsar "en el plazo de tres meses" un procedimiento de investigación para cada caso, crear una comisión de juristas que elabore un "informe detallado" de cada uno, solicitar la colaboración ciudadana, tener en cuenta la colaboración de los condenados por terrorismo en la resolución de casos pendientes a la hora de conceder beneficios penitenciarios y garantizar a las familias afectadas información actualizada "de cualquier cambio en la situación jurídica del caso". En lo que respecta a los homenajes, modifica el artículo 61, relativo a la 'Defensa del honor y la dignidad de las víctimas', en el que incluye varias novedades. La primera, para instar a la colaboración entre Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales a fin de "elaborar un catálogo de los objetos o menciones conmemorativas, de exaltación o de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas a los efectos de instar a su retirada". La segunda contempla la obligación de los delegados del Gobierno de prohibir todos los actos cuya celebración pueda suponer "una victimización posterior mediante humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas del terrorismo", incluyendo aquellos que se realicen "para apoyar o rendir homenaje público a condenados por terrorismo". En caso de incumplimiento, se podrá sancionar o multar a las autoridades implicadas. Para llevar a cabo estas medidas, "fundamentales para la convivencia", según la senadora Caballero, los populares han presentado una última proposición de ley que contiene las modificaciones legislativas pertinentes que afectan a las leyes del derecho de reunión, de protección de la seguridad ciudadana, general penitenciaria -exigiendo el arrepentimiento y la colaboración de los presos para la concesión de beneficios penitenciarios- y al Código Penal, incluyendo, entre otras cosas, que los actos o la difusión de mensajes "que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares" sean castigados con penas de prisión de entre uno y tres años, y multas de entre doce y dieciocho meses. |
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