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Govern balear y Vox pactan flexibilizar el requisito de catalán a los celadores y en procesos de estabilización | |||
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El Govern balear ha aprobado un decreto ley por el que se rebaja del requisito del catalán a los celadores y se prorroga el plazo para acreditar el conocimiento lingüístico en los procesos de estabilización de todos los empleados públicos de los dos años actuales a cuatro. Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha confirmado que el decreto ha sido pactado con Vox y será previsiblemente convalidad en el Parlament con sus votos y los del PP. En concreto, el decreto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (de junio de 2022) para prorrogar el plazo del que disponen los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización. Así, aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin tener el nivel lingüístico exigido, y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora tendrán cuatro años. Costa ha argumentado que ambas medidas son necesarias y urgentes para evitar que el Govern tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. También, ha añadido, se ha detectado esta situación en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. "Había dos posibilidades, o despedir a los trabajadores o ampliar el plazo, y hemos creído más conveniente ampliar el término. Entendemos que es un grave problema en la prestación de servicios públicos", ha sostenido. Por otra parte, en virtud del nuevo decreto se añade una disposición adicional al que marca los requisitos lingüísticos en la sanidad pública para rebajar el nivel de conocimiento que deben acreditar los celadores. El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha justificado esta medida por la existencia de una sentencia judicial que así lo indicaba. La alternativa, ha vuelto a decir, era "despedir" a los empleados o "levantar" parte de las exigencias lingüísticas. DESDE EL "PRAGMATISMO" Y SIN RELACIÓN CON LOS PRESUPUESTOS Ambas medidas, ha ahondado el vicepresidente del Govern, se han tomado desde el "pragmatismo" y no tienen relación alguna con la negociación de los presupuestos autonómicos que están llevando a cabo con los de Santiago Abascal, en la que el catalán en la educación y la Función Pública son uno de los temas que se están abordando. Precisamente Vox ha reivindicado que el decreto aprobado este viernes en Consell de Govern con medidas que flexibilizan los requisitos de catalán en la función pública incorpora sus exigencias y han alertado que "es sólo el comienzo". "No tiene absolutamente nada que ver, estas cuestiones hace tiempo que el Govern entendía que eran absolutamente necesarias", ha subrayado, recordando que la prorroga para acreditar el catalán en los procesos de estabilización ya se había intentando introducir vía enmiendas en el proyecto de la conocida como ley de polígonos. Fueron los miembros de Vox, ha reconocido, quienes propusieron que estas medidas pudieran incluirse en decreto aprobado este viernes por el Consell de Govern. "Pensamos que también eran de extraordinaria necesidad, porque hay un conjunto de trabajadores en una situación complicada y pensamos que era conveniente meterlo en este decreto", ha expuesto. De este modo, ha considerado, se podrá dar solución a un "problema heredado de la anterior legislatura" y evitar "despedir a un número inasumible de trabajadores" que provocaría "una merma muy significativa" para los servicios públicos. "¿Que al Govern le gustaría no tener que tomar esta medida? Sí. ¿Pero cuál es la realidad? Es la que es, y por tanto en un ejercicio de pragmatismo absoluto, entre despidos y ampliar de dos a cuatro años el plazo, el Govern lo tiene clarísimo", ha apuntado. De cualquier modo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo para facilitar que los trabajadores públicos que todavía no han acreditado el nivel requerido de catalán puedan adquirir estos conocimientos mediante cursos de formación. OTRAS MEDIDAS DEL DECRETO El decreto de medidas extraordinarias y urgentes también hace referencia las leyes de capitalidad de Palma e Ibiza y a la de reserva de la biosfera de Menorca, así como al traslado de residuos de Formentera a Ibiza. En primer lugar, se reconocen y transfieren 50 millones de euros al Ayuntamiento de Palma, correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025. También se modifica con carácter permanente su ley de capitalidad para garantizar que el sistema de financiación sea "más ágil y flexible". De este modo, se garantiza que la aportación anual mínima que el Govern destine a Palma en virtud de la ley de capitalidad sea de 25 millones de euros, además del porcentaje mínimo de inversión territorializada en los presupuestos autonómicos, que se mantiene en el 16 por ciento ya vigente. En la misma línea se modifican la ley de capitalidad de Ibiza y la ley de reserva de la biosfera de Menorca para asegurar en ambos casos que las aportaciones anuales mínimas sean de cuatro millones de euros para el Ayuntamiento de Ibiza y para el Consell de Menorca, respectivamente. Así, entre las tres leyes el Govern se compromete a destinar un mínimo de 33 millones de euros anuales, ha indicado el conseller de Economía. Además, ha proseguido, para poder enmarcar adecuadamente la cofinanciación a cargo del Govern, se modifica la ley de simplificación administrativa --en el que es su tercer cambio en pocos meses-- para poder costear determinadas políticas públicas que son de competencia insular o municipal, como es el caso del traslado de residuos de Formentera hasta Ibiza. La pequeña de las Pitiusas, de este modo, recibirá dos aportaciones de 1,4 millones de euros para financiar el transporte de residuos hasta Ibiza durante los años 2023 y 2024. "Eran ejercicios pendientes de pago y de forma extraordinaria se prevé una disposición adicional para hacer frente al pago del transporte de los residuos", ha dicho Costa. |
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