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El alto el fuego decretado por la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha finalizado a pesar de que son miles las personas que siguen desplazadas en los estados de Sagaing y Mandalay, dos de los más afectados por el potente terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter que tuvo lugar el pasado 28 de marzo. La tregua, que también fue declarada unilateralmente por miembros rebeldes birmanos, ha sido violada en reiteradas ocasiones por las diferentes facciones, tal y como han venido denunciando grupos de defensa de los Derechos Humanos. No obstante, los enfrentamientos han descendido en algunas zonas gracias al alto el fuego, que comenzó el 2 de abril pero que no ha sido extendido ahora por la junta. El país, que se encuentra sumido en una grave crisis económica y humanitaria, ha registrado casi 3.800 muertos a causa del seísmo, a los que se suman los fallecidos por los combates, una situación que se ha visto agravada por las fuertes lluvias registradas a medida que se acerca la temporada de monzones. Organizaciones como la Federación Internacional de Cruz Roja o las Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja han alertado de que el país asiático podría tardar aproximadamente dos años en recuperarse del desastre natural, que ha dejado también víctimas mortales en Tailandia.
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