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Scrats dice que las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura quieren "acabar con el regadío" en el Levante | |||
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El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha denunciado el "recorte" del trasvase Tajo-Segura a través de unas nuevas reglas de explotación que buscan "acabar con el regadío" en la Región de Murcia, Alicante y Almería y han sido "dictadas" por la exministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. "Llegó lo que sabíamos que iba a llegar cuando Pedro Sánchez cumplió su amenaza en 2023, la que hizo en Albacete un año antes de que iba a poner fin al Tajo-Segura, al menos para regadío. Llegó en 2023 con esa planificación del Tajo y ahora la puntilla se la pone el Ministerio", ha dicho Lucas en una rueda de prensa celebrada en la sede de Scrats en Murcia, en la que ha estado acompañado por miembros de su Junta de Gobierno. El representante de los regantes del Tajo-Segura ha indicado que el trabajo realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase tiene por objetivo "no molestar a la población del Levante en el abastecimiento, mantener el nivel del agua lo más elevado posible en Entrepeñas y Buendía para favorecer las actividades lúdicas y recreativas del alto Tajo y acabar con algo en lo que no creen, que es el regadío y la ganadería". Ha señalado que con las nuevas reglas de explotación "desaparece el nivel 3 desde prácticamente ya, desde el primer escalón de caudales ecológicos, para el regadío" y se "elevan las curvas de nivel 2 para que sea más difícil entrar en él", mientras que el nivel 1 "lo convierten en un sueño, en una quimera imposible de conseguir porque aumentan a 1.600 hectómetros cúbicos el almacenamiento necesario". Ha denunciado la "muy poca o nula defensa" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, "que se tragó silenciosamente en el Consejo de Ministros de 2023 una reducción infumable del mejor regadío de Europa, el que se practica en Alicante, Murcia y en Almería". En este punto, Lucas ha criticado al Gobierno central por no ofrecer alternativas reales, especialmente en desalación, lo que ha calificado de "indignante" y lo ha relacionado con las películas de los años 60 en los que la actriz Lina Morgan "aparecía haciendo el papel de tontita y con el truco de las estampitas", que "era un billete falso" que, en el caso del trasvase Tajo-Segura, "se llama desalación". "La desalación que existe no cubre el golpe que le van a dar al regadío murciano, y si existe, la poca que existe está aislada en la costa; no hay un duro bendito para fabricar más agua desalada", ha dicho Lucas, que ha insistido en que los proyectos que surjan en el Plan de Cuencas de Segura "serán proyectos políticos para tapar la vergüenza del recorte practicado al trasvase y, lo que es lo mismo, a los intereses de más de tres millones de personas". Todo, ha dicho, "en beneficio único y exclusivamente de un líder político en Castilla-La Mancha --en referencia a su presidente, Emiliano García-Page--, que está desaforado en su ataque, ya casi roza lo personal hacia esta institución, y hacia unos usos recreativos y unos usos lúdicos" en el alto Tajo. Según ha manifestado Lucas, "lo que nos están diciendo es que las soluciones que se planteen las tenemos que pagar los regantes, y ya les advertí en una reunión que mi comunidad de regantes, a ese precio resultante, no quiere un metro cubito de agua. Si hemos de morir, moriremos honradamente, pero no empeñados", ha enfatizado. El presidente de Scrats ha anunciado que la próxima semana convocará a las administraciones autonómicas y diputados de los partidos en la Región de Murcia, Alicante y Almería para "que se posicionen" porque las nuevas reglas "llevan un dardo envenenado, que es subir también el mínimo no trasvasable a 530 hectómetros cúbicos", lo que "llevará consigo la obligación de tramitar parlamentariamente las modificaciones legales a que haya lugar". "Tendrá que haber un compromiso por parte de los diputados de las distintas formaciones políticas de nuestras regiones muy claro, y así se lo vamos a pedir, en contra de cualquier votación que se produzca en sede parlamentaria en contra de los intereses de alicantinos, de murcianos y de almerienses", ha comentado Lucas, quien ha advertido que la situación será "nefasta" a partir de 2028, cuando se apliquen completamente estas medidas. Ha avanzado que desde Scrats "abriremos los canales de participación y, por supuesto, de protesta a todos aquellos que tengan esa sensación que tenemos hoy de indignación, de malestar y, sobre todo, de miedo, porque lo que nos está prometiendo y lo que nos ha prometido, esa suma astronómica de millones que llevamos sumando estos años --para la desalación--, resulta ser una auténtica farsa". El presidente de los regantes levantinos ha dicho sentirse como un "ciudadano de segunda" ante la forma de proceder del Ministerio al tomar decisiones que perjudican a más de tres millones de personas, y ha anticipado movilizaciones y llamado a la unidad de todos los sectores afectados, advirtiendo de que "todo el sector económico" de estas provincias se verá impactado por las restricciones. Asimismo, ha afeado que toda la información la conoce por los medios de comunicación que han recabado información a través de los representantes políticos de los pueblos ribereños --de unos 13.000 habitantes-- que están en la Comisión Central de Explotación tras ser incluidos por Teresa Rivera, a la que se ha referido como ministra "de infausto recuerdo". "¿Por qué el Ministerio se mete en el año 2025 avanzado en una modificación de las reglas de explotación que tendría que tener hechas en los primeros meses de 2023? Lo hace en este mes porque, por primera vez, entramos en nivel 1 desde que se aprueban las reglas, y algo tiene que ofrecerle al vocinglero de García-Page ante los gritos que pega", ha agregado Lucas. |
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