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El Gobierno de Aragón recurre ante el TC el Real Decreto Ley de reparto de menores migrantes solos no acompañados | |||
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La titular de Bienestar Social ha hecho hincapié, además, en que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación debe hacerse mediante Ley Orgánica. La interposición del recurso contra las medidas que se han de adoptar en caso contingencias migratorias extraordinarias se acordó el pasado 21 de marzo en Consejo de Gobierno. Tras las primeras acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico en el ámbito contencioso-administrativo --se han presentado dos recursos hasta la fecha--, ahora se da sus primeros pasos el recurso ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de Aragón mantiene por tanto la postura que ha defendido en las últimas semanas relativa al Real Decreto Ley, que consideró inconstitucional desde el primer momento, y ante todos los actos administrativos que se han sucedido al amparo del mismo: ya anunció el viernes pasado que iba a recurrir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debía celebrarse el lunes mediante el correspondiente recurso contencioso-administrativo, que fue admitido a trámite este mismo lunes por la Audiencia Nacional. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista este lunes ha sido cancelada a consecuencia del apagón eléctrico que afectó a todo el país. RECURSO EN DOS NIVELES El recurso de inconstitucionalidad ante el Real Decreto Ley, ha explicado Susín, se interpone en dos niveles: en su totalidad, por su identidad de razón y su unidad de sentido, puesto que el Gobierno de Aragón aprecia que se desprende la inconstitucionalidad del conjunto del texto; y también subsidiariamente, ya que se impugnan la práctica totalidad los preceptos del citado Decreto de forma individual --el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda-- al considerar que todos ellos incurren en específicos vicios de inconstitucionalidad. "Se desprende la inconstitucionalidad del conjunto del texto" y, además, el Ejecutivo considera que todos los preceptos "incurren en vicios específicos de inconstitucionalidad". Asimismo, "el mecanismo utilizado por el Gobierno central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas", en este caso sobre los menores extranjeros no acompañados, "cuya regulación debe hacerse mediante una ley orgánica", ha manifestado la consejera. En el recurso redactado por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, ha explicado Carmen Susín, "se pone de manifiesto que esta normativa impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad desde otros territorios sin los consensos necesarios, que interfiere en las competencias propias de la Comunidad Autónoma respecto a la atención social, educativa y sanitaria". Además, lo hace "amparándose en una norma que dinamita los consensos", ha continuado Susín, recalcando que el reparto "siempre tiene carácter voluntario en aras al principio de coordinación en el que se celebran las Conferencias Sectoriales" La Comunidad Autónoma de Aragón entiende que "el Real Decreto ignora el modelo de gestión de las contingencias migratorias vigentes hasta el momento para atender a los menores migrantes no acompañados y el correspondiente plan de respuesta que fue adoptado por la Conferencia Sectorial en 2022, basado en la corresponsabilidad, la cooperación y la solidaridad interterritorial". INDEPENDENTISMO En su lugar, "el Gobierno de España ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político independentista catalán y lo hace conforme a razones políticas muy alejadas del interés superior del menor que debería presidir esta normativa y que se ha redactado a espaldas del resto de comunidades", ha continuado Susín. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia han recordado que el Decreto establece que es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia quien debe acordar por unanimidad los criterios relativos al reparto y que, en su defecto, rige el artículo 35 bis, lo que implica que si no se llega a ese acuerdo se imponen los criterios establecidos a la medida de Cataluña. Aragón considera por tanto que "el Real Decreto Ley se cimenta en la desigualdad y la xenofobia y además no tiene en cuenta el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes". Ese recurso contra la convocatoria de la Sectorial se suma al presentado para impugnar el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, que fue el primer acto administrativo derivado de este Real Decreto Ley. Sobre la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por la DGA en ese primer litigio sobre el requerimiento estatal de remisión de datos de menores atendidos, ésta ha quedado suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en tanto se tramita y resuelve la posterior solicitud de inadmisión del recurso judicial planteada por el Estado este pasado viernes. |
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