
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Yolanda Martínez y a Luna Fernández, dos mujeres de nacionalidad española para las que la Fiscalía pide seis años de cárcel por integración en la organización terrorista Estado Islámico (DAESH) y que retornaron junto a sus hijos a España en 2023 después de haberse desplazado voluntariamente a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos a raíz de la proclamación del "pseudocalifato" por su entonces líder, Abú Bakr al Baghdadi.
En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, se explica que ambas "participaron en España en actividades a favor de la organización yihadista DAESH" antes de desplazarse y que al viajar a esa zona de conflicto lo hicieron "con plena voluntad de mantener su integración en la referida organización terrorista, esta vez en el núcleo de su poder territorial, a la manera de un cuasi Estado".
De Yolanda Martínez, sostiene el fiscal que "tuvo un papel destacado durante su estancia en España dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus". En la causa constan conversaciones que mantuvo con su esposo, "con quien compartía ideología", en la que se mostraba de acuerdo "en no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción".
Por su parte, el Ministerio Público indica que Luna Fernández mientras vivió en España también "jugó un rol clave" dentro de ese grupo de mujeres de integrantes de la Brigada Al Andalus. De hecho, apunta que "ejercía el liderazgo dentro del grupo".
EL CALIFATO
El fiscal recuerda que tras la proclamación en 2014 del califato de Estado Islámico ambas atendieron a la interpelación de Al Baghdadi y se establecieron en el territorio que dominaban "para colonizar el territorio formando una familia sobre el terreno, y contribuir al establecimiento de instituciones e infraestructuras propias de una estructura estatal".
Sobre ambas, explica que allí adoctrinaron en la ideología de DAESH a los menores que de ellas dependían. "Lo anterior no es una simple cuestión civil ni de escasa trascendencia, pues las investigadas han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el Estado islámico", añade.
Y cita un informe pericial del Instituto Elcano para resaltar que en DAESH el papel de la mujer "se restringe al ámbito de lo privado o doméstico, cumpliendo el papel fundamental de esposa y madre, siendo las responsables de alumbrar y educar en las actitudes y creencias propias de la ideología del salafismo yihadista que inspira estos grupos, una visión ultrarrigorista y belicosa del credo islámico, a la siguiente generación de yihadistas".
Al hilo, la Fiscalía detalla que "una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, y la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas del DAESH".
El escrito, recuerda que la completa pérdida de control territorial en Siria e Irak que sufrió el DAESH tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz, y las condiciones de vida en el campo de acogida de Al Hawl ubicado en el este de Siria y controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias-FDS "fueron la causa por la que ambas investigadas solicitaron ser repatriadas a España".
Y eso, apunta, "a pesar de haber manifestado previamente durante su estancia en el territorio controlado por DAESH su plena adhesión a sus postulados", tal y como se desprende de un vídeo de fecha 04 de abril de 2019 --que publicó el diario 'El País'-- en el que aparecerían tanto Yolanda Martínez como Luna Fernández.
Ese vídeo, explica el fiscal, es una prueba de que Martínez perteneció a Estado Islámico habida cuenta que reconoce que les dieron una casa al llegar a territorio de conflicto, algo que la organización terrorista solo otorgaba a quienes trabajaban en la administración que el "pseudocalifato" estaba desarrollando.
En el mismo, explica, Luna Fernández refleja en sus comentarios "una interiorización de una visión radical y extremista del Islam, donde la sharia o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países, pese a su interés por desmarcarse de DAESH a lo largo de la referida entrevista".
El escrito del fiscal concluye que procede imponerles a las dos la pena de seis años de prisión, con inhabilitación absoluta durante doce años, y libertad vigilada durante cinco años.
EN LIBERTAD PROVISIONAL
Fue en septiembre de 2024 cuando la Audiencia Nacional acordó la libertad provisional de ambas al estimar la petición de la Fiscalía y de las defensas de las dos mujeres, si bien fijaba que estaban obligadas a designar domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos, y a comparecencias semanales ante el juzgado, y les prohibía la salida del territorio nacional y les retiraba el pasaporte.
En el momento de su retorno a España, en enero de 2023, ambas regresaron con 13 menores: Cuatro son hijos biológicos de Yolanda Martínez y 9 menores están a cargo de Luna Fernández, siendo 5 de ellos hijos biológicos.
|