Un tribunal turco rechaza una apelación para liberar al alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu

Un tribunal turco ha rechazado este lunes una apelación presentada por los abogados del alcalde de la ciudad de Estambul, Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva por cargos de corrupción y por asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El tribunal penal de primera instancia de Estambul ha rechazado la apelación después de que sus representantes legales hayan asegurado en el escrito que la detención fue "ilegal" y que "carecen de fundamento" los argumentos de que debe permanecer entre rejas ante un probable intento de fuga, según ha recogido el diario 'Habertürk'.

Esto se produce después de que el destituido alcalde de Estambul compareciese ante la corte el pasado viernes en el marco de otro caso por amenazar al fiscal general de la ciudad, Akin Gurlek. La Fiscalía solicitó una pena de prisión de hasta siete años y cuatro meses de cárcel en su contra, además de la inhabilitación.

Desde su arresto miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de todo el país para denunciar que ha sido víctima, tal y como él mismo defiende, de una persecución política orquestada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan --su principal rival político-- quien ha negado cualquier tipo de maniobra y defendido la independencia de la Judicatura.

El alcalde ha sido acusado de organizar una "colaboración electoral" ilegal entre su formación, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y el prokurdo Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), enormemente próximo al PKK, en las elecciones locales de marzo del año pasado.

En lo que concierne a los cargos de corrupción, uno de los principales delitos que se le imputan es la creación de una red criminal para manipular procesos de licitación ilegales y cometer delitos de extorsión, soborno y fraude, entre otros.

La Universidad de Estambul revocó su diploma citando supuestas violaciones de las regulaciones de la Junta de Educación Superior, otro varapalo adicional a sus aspiraciones políticas, ya que por ley todos los candidatos deben poseer títulos universitarios.