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Más de 4.200 personas con discapacidad intelectual optan a un empleo público en la Administración General del Estado

Agencias
viernes, 10 de enero de 2025, 14:52 h (CET)

Más de 4.200 personas con discapacidad intelectual optan a un empleo público en la Administración General del Estado

Un total de 4.260 personas con discapacidad intelectual optarán este sábado a una de las 455 plazas ofertadas como personal laboral fijo del grupo profesional E0 en la Administración General del Estado (AGE), en un proceso selectivo convocado por la Secretaría de Estado de Función Pública y organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha informado de que se realizará una prueba única de la fase de oposición, a las 10,30 horas y en cuatro provincias (La Coruña, Madrid, Sevilla y Zaragoza). Las personas que superen el proceso selectivo realizarán tareas complementarias de apoyo.

Estas convocatorias presentan una especial complejidad, puesto que los aspirantes deben tener reconocido por los órganos competentes de las distintas comunidades autónomas un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

La apuesta del Gobierno por un empleo inclusivo, diverso y de calidad se refuerza con el desarrollo de nuevos proyectos normativos que mejorarán los procesos y tiempos.

Así, la orden por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, elaborada por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, se encuentra en audiencia pública. Durante la fase de consulta pública previa se recibieron 282 aportaciones de asociaciones y particulares.

Además, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública está trabajando en un nuevo Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad que sustituya al actual (RD 2271/2004).

Se trata de adaptarlo a las nuevas normas y avances sociales y tecnológicos ocurridos en este ámbito desde la aprobación del marco vigente. La fase de consulta pública se ha cerrado con un total de 42 contribuciones.

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