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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha emitido este viernes un comunicado antes las críticas surgidas por la participación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Foro de Justicia de la ICAM y sobre algunas declaraciones del propio Alonso.
En la presentación del acto, el propio decano del ICAM reconoció que la presencia de Montero en el mismo no había estado "exenta de polémica y crítica", aunque él la defendió asegurando que entre los objetivos del Colegio está conseguir la igualdad. Además, ha reconocido "problemas serios en materia de conciliación" en la profesión.
En el comunicado que ha hecho público, recogido por Europa Press, insiste en que el ICAM es "consciente de la pluralidad social y distintas sensibilidades" que existen e "invita a sus foros de encuentro a cuantas personas puedan ofrecer un interés para la profesión por razón de su papel en la sociedad civil o en los poderes públicos".
"El Ministerio de Igualdad tiene atribuidas competencias en materia de igualdad, conciliación, lucha contra la violencia de género o contra la trata, entre otras, que afectan a elementos nucleares del ejercicio profesional", ha defendido.
UNA JUSTICIA NI FEMINISTA, NI MACHISTA
Pero, además, ha aclarado su posición sobre otras declaraciones que pronunció al final del Foro. En ellas, Alonso señalaba que no estaba de acuerdo con Montero en su defensa de una justicia feminista y que tampoco estaba a favor de una justicia machista, sino que él defiende una "Justicia independiente" que aplique "los derechos fundamentales" como "la presunción de inocencia" o "no inversión de la carga de la prueba".
Tras estas palabras, Montero pidió a los presentes una reflexión sobre el hecho de que el "feminismo es igualdad y es democracia" y que el feminismo "no está proponiendo lo contrario que el machismo", sino que en la sociedad todos "sean iguales". "Las mujeres no queremos ser más que nadie, queremos vivir en igualdad", explicó.
Sobre esto, el decano ha indicado que "el principio de igualdad, que constituye un derecho fundamental, es de obligada exigencia, demanda y aplicación" y constituye "uno de los pilares en los que se asienta la aplicación del derecho concreto y su tutela abstracta".
Así, ha apuntado que "la Abogacía está implicada al máximo en la consecución de la igualdad de oportunidades y en la conciliación familiar efectiva" y que, para ello, proyecta "todos" sus ""esfuerzos institucionales y profesionales hacia esa consecución".
JUSTICIA INDEPENDIENTE
"Por consiguiente, la defensa del derecho de defensa constituye no solo un derecho fundamental sino también la razón de ser de la abogacía, acorde a los postulados de la Constitución Española, sin que quede mediatizado por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera de sus condiciones o circunstancias personales", recoge el comunicado.
Alonso también indica que, "en salvaguarda del derecho de defensa y en general de todo el Derecho, la función jurisdiccional ha de actuar de forma independiente, imparcial y objetivamente desinteresada" y que, "a la hora de resolver la controversia, los jueces han de estar sujetos únicamente a la Ley y al Derecho, alejándose de cualquier visión política, plenamente legítima en la esfera particular".
"El desinterés objetivo significa que la actividad jurisdiccional no responda a ningún interés especial, respondiendo a un fin en sí mismo, luego nunca un medio, que no es sino tutelar el Derecho de forma abstracta y aplicarlo de forma concreta al caso a enjuiciar, atendiendo a las leyes aplicables, las pruebas y a las reglas de su valoración, considerando la presunción de inocencia en todas sus dimensiones", ha apuntado.
En este sentiodo, Alonso ha indicado que puede "afirmar con contundencia que en España la Justicia está situada en los mejores estándares de independencia e imparcialidad dentro de la escena internacional".
Así, Alonso advierte de que la opinión pública que se genera ante un hecho o controversia judicial "no puede convertirse en un elemento más del enjuiciamiento" y que "las lecturas y prismas políticos, por legítimos que sean, no pueden perturbar la recta y serena aplicación del Derecho por los Tribunales".
En este sentido, indica que, de la misma manera, "no resulta aceptable la crítica a informes jurídicos emitidos por organismos públicos que no estén basadas en estrictos criterios técnicos, sino en descalificaciones generales al abrigo de pretendidos sesgos". El decano del ICAM recuerda que, "si no se está de acuerdo con una resolución judicial, el sistema "otorga vías para combatirla según los recursos previstos en la ley".
"No escatimaré esfuerzos en la prosecución de una Justicia independiente, pues solo en el seno de la plena separación de poderes se pueden alcanzan las mayores cotas de la justicia material", ha concluido.
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