Consumo destina 1,62 millones de euros a ayuntamientos y CCAA para la resolución de conflictos entre clientes y empresas

El Ministerio de Consumo ha publicado este 7 de septiembre la convocatoria anual de subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales. Con un total de 1.620.440 euros, el Gobierno financia los sistemas de resolución de conflictos entre empresas y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al procedimiento judicial.

La resolución, firmada por el ministro de Consumo y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé para este 2021 que 820.120 euros de los presupuestos vayan destinados a las Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas, mientras que otros 800.320 euros irán a las dependientes de los ayuntamientos que concurran en la convocatoria.

Del total, el 40% de las ayudas se repartirán de forma lineal entre todas las instituciones que concurran y cumplan los requisitos. El 60% restante se concederá en función de los conflictos que hayan resuelto, de las solicitudes de arbitraje recibidas, de los laudos emitidos y del número de mediaciones efectuadas, entre otras variables.

La finalidad de estas ayudas, consensuadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, es impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo. A esta convocatoria de ayudas se suman 1,3 millones de euros adicionales procedentes de fondos europeos destinados a la modernización y digitalización de los sistemas de arbitraje.

Según ha explicado el ministro, Alberto Garzón, el objetivo de su cartera pasa por evitar la judicialización en las relaciones entre clientes y empresas. Sobre las reclamaciones, Garzón considera que, en ocasiones, "se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización a la que casi nadie llega y supone una ventaja para el grande".

Así, ha señalado que el sistema de arbitraje es una herramienta "sencilla, ágil y gratuita" aunque "desconocida por la población pese a ser un camino favorable para los consumidores".

La creación de las Juntas Arbitrales son una competencia exclusiva del Estado y se constituyen mediante convenio entre el ministerio y las administraciones públicas. A lo largo de 2021, Consumo ha renovado los acuerdos con 96 instituciones públicas para el funcionamiento del sistema extrajudicial. Así, 19 juntas arbitrales autonómicas (incluyendo Ceuta y Melilla), 10 provinciales y 37 municipales han quedado actualizadas este año.