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MADRID, 24 (OTR/PRESS)Los esfuerzos inútiles suelen conducir a la melancolía aunque no debe de ser una opinión compartida por los ministros de Educación de nuestro país, puesto que la mayoría de ellos han impulsado leyes que el paso del tiempo las ha convertido en papel mojado.
Ese será el destino de la Ley Celaá: pasar a engrosar la lista de las leyes de Educación caducas. Por decirlo claramente, su fecha de caducidad no es otra que cuando cambie el color del Gobierno, que sin duda algún día cambiará. Incluso no sería extraño que la ley se modifique si un día es Presidente de Gobierno otro socialista que no sea Sánchez.
En realidad, la ministra Celaá ha caído en el mismo error de todos sus antecesores en el ministerio, tanto socialistas como populares. El error es intentar imponer un modelo educativo en vez de consensuar un modelo con vocación de permanencia en el tiempo. Es decir un modelo que tenga vigencia gobierne el PSOE, el PP, o quién sea.
Precisamente el que todos los ministros de Educación no hayan resistido poner una excesiva carga ideológica en el modelo educativo es lo que ha llevado a que, hasta el momento, desde la llegada de la democracia hayamos tenido más de siete leyes orgánicas de Educación y ahora nos hayan aprobado la octava.
El problema de fondo es que esta ley no solo no va a remediar las disfunciones y defectos de nuestro sistema educativo sino que los va agravar. La barbaridad de suprimir el español como lengua vehicular para la enseñanza es algo imperdonable. Sobre todo porque ha sido una de las concesiones a Esquerra Republicana para que vote los Presupuestos Generales del Estado.
Puede que dentro de unos años haya zonas en Cataluña donde el español no solo no se hable sino que apenas se conozca y además se considere una lengua extraña. Seguramente eso no pasara en una ciudad como Barcelona pero si en la Cataluña interior.
Como es un disparate arrinconar acogotando a las escuelas concertadas. Y lo es más acabar con los centros de Educación Especial. O suprimir cualquier atisbo de esfuerzo en el estudio, haciendo que cualquier niño estudie o no, aunque suspenda, pase de curso.
En realidad, la ley Celaá es una ley que va a provocar que existan grandes diferencias educativas en nuestro país. Y es que salvo que en ese camino bolivariano que ha emprendido el Gobierno, decida suprimir la enseñanza privada, los que puedan pagar una escuela privada a sus hijos lo harán, por tanto recibirán una mejor educación, mientras que quienes vayan al sistema público donde no habrá el adecuado nivel de exigencia, verán mermadas sus posibilidades laborales y de futuro cuando terminen sus ciclos educativos. Es decir habrá una educación exigente y de calidad para que el que se la pueda pagar lo que, insisto, aumentarán las desigualdades sociales.
Ante tanto dislate, el único consuelo es que esta ley también pasará. Es cuestión de tiempo.
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