España seguirá como garante del crédito europeo de hasta 100.000 millones de euros a la banca incluso cuando entre en vigor la recapitalización directa a cargo del fondo de rescate y la ayuda deje de computar como deuda. Ello significa que si alguna entidad no devuelve los préstamos será el Estado el que deba asumir las pérdidas.

"El mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) puede, si así se decide, adquirir acciones de un banco, pero sólo con la garantía plena del Estado afectado", ha indicado un alto funcionario europeo. "Lo que se logra es evitar el impacto de ese préstamo en la ratio de deuda pública. Pero el riesgo sigue siendo del país y no del MEDE", ha agregado.

"Hay gente que piensa que con las reglas actuales el MEDE podría acabar siendo el propietario de Bankia, con todos los riesgos de Bankia en el balance del fondo de rescate. Este no es en absoluto el caso", ha resaltado el alto funcionario.

Los ministros de Economía de la eurozona tratarán de alcanzar el lunes un "acuerdo político" sobre las condiciones que se incluirán en el memorándum del rescate bancario español. Si no hay problemas, el memorándum se finalizará y se firmará antes de que acabe julio, según las fuentes consultadas.

Una vez firmado el memorándum, los fondos se inyectarán en las entidades con problemas siguiendo las reglas vigentes, que no prevén la recapitalización directa. Es decir, el fondo de rescate trasferirá el dinero al fondo ordenado de reestructuración bancaria (FROB) y éste a su vez lo dirigirá a los bancos necesitados. El préstamo computará como deuda en esta primera fase.

"Los primeros bancos españoles necesitan ser recapitalizados en otoño de este año y los otros, muchos otros, en primavera del año que viene", ha asegurado el alto funcionario.

La recapitalización directa sólo será posible cuando se haya creado un supervisor único a partir del Banco Central Europeo. Aunque los líderes de la eurozona se han comprometido a que ello se haga antes de que acabe el año, las fuentes consultadas creen que podría retrasarse a mediados de 2013 o incluso hasta 2014, fecha en la que ya habría finalizado el plan de rescate español.

Aún así, en ese momento, los préstamos a la banca española dejarán de contar como deuda para el Estado, pero España seguirá avalándolos.

Los líderes europeos tienen que decidir en las cumbres de octubre y diciembre si avanzan a largo plazo hacia una unión bancaria plena que implicaría compartir riesgos -algo a lo que se oponen Alemania, Finlandia y Países Bajos-. Si este proyecto se finaliza, los Estados miembros ya no tendrían que avalar las recapitalizaciones directas, sino que será el fondo de rescate, y por tanto todos los países de la eurozona, los que asuman proporcionalmente las pérdidas, según las fuentes consultadas.