La Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes su nuevo plan de ajuste, el tercero que aprueba en un año y cuatro meses, y que implica una reducción presupuestaria de 1.500 millones de euros.

Para lograrlo, el presidente Artur Mas ha concretado en rueda de prensa varias medidas: reducir un 5% los complementos salariales de los empleados públicos y los complementos que paga el Govern a funcionarios del Estado; introducir una matrícula "modesta" en los ciclos formativos; suspender la convocatoria de subvenciones hasta rehacer las condiciones; privatización de concesiones de autopistas que gestionan empresas públicas (como ocurre con los Túneles de Vallvidrera); y ajustes de trabajadores de empresas públicas.

Según el presidente catalán, la Generalitat toma estos ajustes "obligado", aplicando al pie de la letra los decretos sobre educación y salud que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un primer momento el Govern aseguró que estos decretos apenas tendrían un impacto presupuestario, cifrándolo en poco más de 150 millones, pero Mas asegura ahora que se cree la "palabra" de Rajoy y que se podrán ahorrar 1.500 millones aplicando estos decretos y otras medidas, cumpliendo así el déficit previsto para final de año, del 1,5% del PIB catalán.

Cumplir el déficit es el objetivo de la Generalitat, por lo que Mas no descarta que en un futuro pueda haber nuevos recortes, aunque ha añadido que todas estas medidas no serían necesarias si Cataluña tuviera el pacto fiscal que anhela.

El Consell Executiu ha aprobado este martes congelar por ahora la concesión de subvenciones: es una suspensión temporal, a la espera de cambiar los procedimientos, para priorizar sólo aquellos ámbitos en que el dinero público está totalmente justificado y es imprescindible.

En empresas públicas también se prevén cambios: se contemplan privatizaciones, insistiendo en la de Tabasa, la empresa que gestiona los Túneles de Vallvidrera y que es de pública, aunque no se han concretado otras compañías públicas que podrían pasar a manos privadas.

También en las empresas públicas, se prevén nuevos despidos: no serán "masivos" pero los habrá en aquellas compañías en que la crisis ha reducido sensiblemente su actividad, y como ya los ha habido en estos últimos tiempos en Gisa y el Institut Català del Sòl (Incasòl), entre otras.

En cuanto a función pública, van a reducirse los complementos que paga la Generalitat a funcionarios del Estado, por lo que se extiende el recorte del 5% en las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat, que repercutirá en las dos pagas extra.

Por ahora se descartan nuevas tasas en salud, aunque Mas sí ha hablado de que hace falta más "corresponsabilidad" del usuario y de que hay que evitar un exceso de uso de los servicios sanitarios cuando no es necesario.

En cambio, los estudiantes de Formación Profesional (FP) que estudien en centros públicos deberán pagar una nueva tasa; y en sanidad, se intentará ingresar a los enfermos de larga duración en centros sociosanitarios y no en hospitales de primer nivel, para reducir costes si no necesitan tratamientos médicos complejos.

Se mantienen líneas estratégicas, como la venta de patrimonio público como edificios y la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), además de la defensa del autogobierno y de tener la "austeridad como valor".

Mas ha asegurado que el Govern es consciente de que no pueden cruzar determinadas "líneas rojas", como un gran deterioro de las prestaciones sociales, pero ha dicho que pueden ser necesarios nuevos ajustes según cómo evolucione la situación macroeconómica.