Hoy comienza en la Audiencia de las Palmas el juicio sobre el «caso Kárate», el mayor proceso por corrupción de menores de la historia judicial de España, que tratará de desvelar si cuatro monitores de artes marciales son culpables de abusar sexualmente durante años de decenas de alumnos en una academia de kárate de Gran Canaria.

Los presuntos hechos fueron desvelados hace dos años, cuando un grupo de víctimas presentó una denuncia acusando a los monitores del Gimnasio AD Canarias 81 de haber creado sofisticadas técnicas de manipulación para obtener la sumisión de todos sus alumnos y, así, aprovecharse de ellos.

El principal acusado es Fernando Torres Baena, exluchador de kárate con una brillante trayectoria deportiva, expresidente de la Federación de Kárate de Gran Canaria y exdirector de I+D de la Federación Española. Este monitor fue calificado por el fiscal como un «depredador sexual», y pide para él, penas que suman unos 303 años de prisión.

Por otro lado, la Fiscalía imputa también cargos de abusos sexuales a tres de sus colaboradores: su novia María José González Peña, Ivonne González Herrera y Juan Luis Benítez Cárdenes. Entre los cuatro, se exponen en este juicio a penas de un total de 621 años.

De los cuatro, Baena, Peña y Herrera se encuentran en la actualidad en prisión preventiva por haber sido acusados de «corrupción de menores». Por contra, Juan Luis Benítez se está en libertad debido a que contra él no pesa la atribución de dichos delitos, pero sí de abusos. Los hechos

Según determinó la acusación pública, Baena se habría aprovechado de su condición de maestro con la intención de crear técnicas psicológicas de manipulación para obtener la sumisión a «todos los niveles» de los alumnos de su academia, de los que después se aprovechaba. Baena es acusado de haber desarrollado auténticas «orgías sexuales» A su vez, también se acusa a Baena de haber desarrollado «bajo el paraguas de supuestas concentraciones deportivas» al menos durante los últimos 15 años «auténticas orgías sexuales». En dichas orgías, los menores «no sólo se debían prestar a cualquier tipo de actividad sexual con F.A.T.B. y a las que en los últimos han sido sus lugartenientes», sino que también eran «incluidos a mantener las mismas prácticas con cualesquieras otros de los alumnos menores asistentes, sin distinción de edad, sexo o número de participantes».

De las 61 víctimas identificadas durante la instrucción, en la causa figuran 38 sobre las que el fiscal considera probados, y no prescritos, los hechos que se denuncian, lo que lo convierte en el mayor proceso por abusos a menores hasta la fecha en España. Los menores implicados en el caso declararán "evitando la confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba".

Hoy comenzará el juicio con la exposición de las cuestiones previas presentadas por todas las partes personadas en el procedimiento. El proceso, continuará el día 15 con el inicio del interrogatorio de los acusados, para quienes las defensas solicitan la libre absolución. El Ministerio Público solicita que se declare culpable al principal acusado de 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas y que sea condenado a 303 años de cárcel.

Por otro lado, para María José González Peña, la Fiscalía demanda 154 años de cárcel (20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores), para Ivonne González Herrera, 146 años de prisión por 19 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, y, para Juan Luis Benítez, Cárdenes, 18 años de cárcel por tres delitos de abusos sexuales. Por su parte, Baena ha afirmado desde los inicios del proceso ser la víctima de un complot por parte de los supuestos afectados (un colectivo que en los primeros meses superaba la media centena), que le habrían acusado con la intención de quedarse con sus alumnos y su gimnasio.

Concretamente, el monitor cree que no es casualidad que dos semanas antes de que se iniciaran los procedimientos, un nuevo gimnasio se inaugura en Las Palmas, del cual la presidenta, la vicepresidenta, su secretario, la tesorera y la primer vocal son víctimas denunciantes del caso.