Las diputaciones provinciales son administración local, previstas en nuestra Constitución y con una legislación y reglamentación muy clara en cuanto a sus competencias.  Un instrumento magnifico para estructurar el territorio desde una perspectiva local. No autonómica, que tiene sus propias competencias y nada o poco tienen que ver con las necesidades de los municipios.

Mientras, los esfuerzos económicos de las Diputaciones provinciales se han dedicado a cubrir las competencias aeroportuarias (que corresponden al Estado), o las sanitarias mediante Hospitales Provinciales o similares (que corresponden a las autonomías). O se han constituido en centros de poder al servicio del partido para que este se perpetúe  en el mismo, con un control férreo de la sociedad,  regimientos enteros de asesores, y estableciendo un sistema clientelar que sustentaba el poder provincial.

Fíjese usted que no estoy hablando de un partido en particular, porque todas han copiado este modelo de funcionamiento. Pero no es para eso para lo que debería servir la Diputación.
Frente a esas voces que claman por la desaparición de los pequeños municipios ante la imposibilidad de mantenerlos por la crisis económica, la figura de la Diputación Provincial es vital, como mancomunidad de los  servicios de todos los municipios pequeños y medianos que no pueden soportar la presión de sus obligaciones por el recorte de ingresos que han sufrido y sufrirán.

Porque si los pequeños municipios desaparecen y también las diputaciones, con ellos también desaparecerá una estructura necesaria de vertebración del territorio que solo beneficiará a las grandes urbes, despoblando grandes zonas de España.