Los impetuosos mercados no admiten demoras. La situación de alarmante déficit que atraviesan las CCAA, obligadas a mantener los servicios sociales básicos, es excesivamente agobiante. El Gobierno está en la obligación de actuar para que los territorios autonómicos no provoquen la bancarrota del Estado español. La  proclamada desviación del déficit (8%), “ocultada” por el anterior Ejecutivo socialista, recala en el contratiempo regional.

Con el objetivo de buscar una solución de emergencia, el flamante Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se reunió ayer con los consejeros de Economía y Hacienda de las 17 Comunidades autónomas, con el objetivo principal de buscar un desenlace a sus infaustas situaciones financieras. No es tarea fácil. Cada región presenta ante el Estado central unas características que considera “le son propias”.

El consenso entre las partes no es elemental. El importante endeudamiento de algunas comunidades autónomas, como Castilla- La Mancha, obligan a tomar decisiones en un plazo de tiempo demasiado estrecho. No valen vacilaciones ni medias tintas. El nuevo Gobierno conservador de Mariano Rajoy conoce, pues gobierna en gran parte de España, la precaria situación financiera a nivel regional. En este sentido, las posturas mostradas por el Ejecutivo antes de la marcada cita, se dirigieron a expresar una importante voluntad de acuerdo entre todas las partes e intentar armonizar las intensas reclamaciones regionales. El Presidente mostró una actitud conciliadora y desarrolló ante los Consejeros una actitud receptiva. La misión encomendada a Montoro: “se necesitan soluciones urgentes”.

Tras más de tres horas y media de intensa reunión, Montoro, con gesto afable, salió a la palestra para anunciar ante la prensa las medidas acordadas con los consejeros regionales. Destacan dos: la implantación de la una línea voluntaria del Instituto Oficial de Crédito para que las Comunidades Autónomas obtengan la liquidez pertinente. Consiste en efectuar las emisiones de deuda a través del ICO, lo que calificará con una mayor solvencia al producto.

A su vez, este organismo estatal prestará dinero a las comunidades. Es una medida de urgencia, puesto que las insistentes y austeras agencias de calificación han comenzado a rebajar la solvencia de determinadas regiones. Aún se desconoce la cuantía capital del préstamo y los plazos de devolución. Otra de las cuestiones presentadas de vital importancia, es la implantación de medidas sancionadoras a aquellas comunidades que no alcancen los objetivos de reducción del déficit marcados previamente. El objetivo es establecer un límite de gasto en la deuda autonómica.

Las comunidades acataron establecer un déficit estructural del 0,4%. Montoro anunció en la rueda de prensa que “un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto, porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables”. Montoro reiteró que “"es un momento muy importante, crítico y difícil y es muy positivo que las administraciones se comprometan con la reducción del déficit para generar confianza ante socios e inversores”.

Las responsabilidades por no alcanzar los acuerdos en materia económica serán de rango penal, aunque todavía está por ver que de verdad se cumplan. En otras ocasiones, las demandas se han quedado en meras amenazas oficiales. Otras medidas de calado fueron: la duplicación del plazo para devolver los excesos de financiación autonómica de 2008 y 2009, también se anticiparán seis meses las liquidaciones de transferencias positivas de hace dos años.

El resultado está todavía en el aire. El establecimiento de préstamos a las comunidades puede aumentar el endeudamiento autonómico. El objetivo de calmar los ánimos regionales, al menos, está conseguido.