Estamos amparados por el derecho constitucional a la vivienda, eso dicen. Las personas de mi generación se lo creyeron y, sin preguntarse si ese derecho contemplaba la opción de la propiedad, se lanzó a comprar pisos como el que se compra unos zapatos nuevos. El negocio inmobiliario ofreció prosperidad a todo el mundo durante una década: inmobiliarias, tasadores, bancos, prestamistas, cobradores de deudas y particulares. Por este orden, de mayor a menor beneficiado económicamente.

Hace diez años era relativamente sencillo encontrar trabajo. También era habitual encontrar parejas estables, que poco o nada sabían entonces de procesos judiciales: de divorcio primero, de ejecución hipotecaria después. Todo era tan sencillo como pasear por una calle, detenerse ante el escaparate de una inmobiliaria y con una mirada cómplice entre ambos llegar al pensamiento único que ha arruinado a tantas personas en la actualidad: ¿Por qué tirar el dinero en un alquiler cuando podemos tener algo propio? No se equivocaron: esas personas acertaron, y ahora tienen una enorme deuda; propia, eso sí.

El día que encontraron el piso donde querían compartir su vida comenzó a desencadenarse una estructura piramidal de comisiones sin fin: el comercial que enseñó el piso; el dueño de la inmobiliaria, que pagó al comercial; el tasador del banco, que ayudó a cuadrar los números y generar los ingresos necesarios para que todo el mundo se repartiera el pastel; el director del banco y su propia estructura piramidal interna, que hizo la vista gorda cuando no debía hacerlo; la empresa de reformas que dejó el piso tal y cómo querían los nuevos propietarios; el decorador, el vendedor de muebles y algún que otro experto en Feng Shui que colaboró en la orientación de los mismos. Y por supuesto, para darse un pequeño capricho, un coche nuevo a juego con el piso. Todo incluido en la misma cuota, a pagar en 30 años que se refinanciaron varias veces, hasta hoy.

Entonces llegó el paro, y ya se sabe que cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana. Y más gastos: el abogado, la pensión de los hijos, la empresa de recobros que te llama cada día, reclamando las deudas que no has tenido más remedio que coleccionar. Eso si tienes suerte, porque algunas empresas de recobro de deudas cuentan con gestores con métodos más que cuestionables: como una de Madrid, cuya política consiste en acudir personalmente y amenazar al moroso con tirarle por la ventana. El dueño de esta empresa ha sido detenido esta semana por agresión.

Tenemos, dicen, el derecho constitucional a la vivienda entre otros muchos. Parece que vivimos rodeados de necesidades tecnológicas, derechos como el de vivir por encima de nuestras posibilidades, sin ninguna previsión de futuro. Sin embargo, pocos son los que aceptan sus obligaciones y todavía menos los que las asumen primero, y las cumplen después.

Posiblemente también tenemos que reclamar la obligación a tener un derecho constitucional a la deuda, y nadie nos lo había explicado antes. En ese caso, ¿a quién le tocará pagar las costas?