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La energía no es únicamente un recurso material: es una cuestión de soberanía, de seguridad nacional y de bienestar para los ciudadanos. La capacidad de un país para decidir libremente su modelo energético, garantizar el suministro a sus hogares y empresas, y proteger a sus ciudadanos frente a inestabilidades o chantajes exteriores, es una pieza fundamental de cualquier Estado moderno.
España atraviesa una crisis energética agravada por años de políticas que han debilitado nuestra soberanía energética y han puesto en riesgo la seguridad del suministro eléctrico. La eliminación progresiva de tecnologías gestionables, como la energía nuclear o las centrales térmicas, y la negativa a explotar recursos propios, han convertido a España en un país vulnerable y dependiente, incapaz de garantizar a sus ciudadanos un suministro estable y asequible.
El resultado de las decisiones tomadas en materia de energía en España ha sido el debilitamiento del sistema eléctrico español, un encarecimiento drástico de los precios de la energía, y una creciente dependencia del exterior, tanto en recursos como en tecnología y suministro. España, que llegó a tener una de las matrices energéticas más completas y diversificadas de Europa, se ha convertido hoy en un país vulnerable, sometido a decisiones que no emanan de su Parlamento ni responden a las necesidades de su ciudadanía.
El llamado “Pacto Verde Europeo”, y las políticas climáticas impuestas desde Bruselas, están forzando una transición energética acelerada y mal planificada que expulsa tecnologías seguras y asequibles como la energía nuclear o el gas. El cierre de centrales térmicas y nucleares, así como la renuncia a explorar nuestras propias fuentes de energía han incrementado la dependencia exterior y disparado los precios. El precio de esta pérdida de soberanía lo están pagando los españoles, y miles de familias, autónomos y pequeñas empresas se enfrentan a facturas eléctricas desorbitadas.
Es imprescindible defender una política energética soberana que garantice la disponibilidad, accesibilidad y estabilidad del suministro, protegiendo los intereses de los ciudadanos españoles por encima de cualquier agenda extranjera.
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