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Asoban Abogados alerta del repunte nacional de ejecuciones hipotecarias tras el verano

El desahucio amenaza a miles de familias en España tras el fin de las moratorias COVID y la subida del Euríbor
Redacción
martes, 29 de julio de 2025, 09:01 h (CET)

Las ejecuciones hipotecarias podrían dispararse en España a partir de octubre, según advierte Asoban Abogados. La subida del Euríbor, el fin de las moratorias post-COVID y el desfase en los datos oficiales esconden una realidad que amenaza a miles de familias.


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Asoban Abogados, firma especializada en Derecho Bancario y defensa frente a ejecuciones hipotecarias, lanza una advertencia urgente: España podría vivir un aluvión de ejecuciones hipotecarias a partir del cuarto trimestre de 2025. Aunque las estadísticas aún no reflejan esta tendencia, los expertos del despacho sostienen que el fenómeno es inminente y estructural.


“El problema no es puntual ni exclusivo de una comunidad autónoma. Afecta a todo el país y se hará visible en los próximos meses”, alerta Ángel Sánchez, socio de Asoban Abogados. “Las ejecuciones hipotecarias ya se están acelerando en comunidades como Cataluña y esta tendencia se replicará en todo el territorio nacional si no se toman medidas preventivas”.


Subida del Euríbor y fin de moratorias


Entre las principales causas del repunte de ejecuciones hipotecarias figura el aumento del Euríbor, que ha pasado de estar en negativo en marzo de 2022 (-0,237 %) a superar el 3,7 % en marzo de 2024. En un país donde tres de cada cuatro hipotecas son de tipo variable, esto ha supuesto el encarecimiento de millones de préstamos hipotecarios, en muchos casos, duplicando las cuotas mensuales.


A esta presión financiera se suma el fin de las moratorias aprobadas tras la pandemia. Entre 2020 y 2023, muchas familias en situación de vulnerabilidad se acogieron a estas medidas para aplazar sus pagos. Sin embargo, ese dinero no fue condonado, y ahora, en pleno 2025, los bancos y fondos de inversión están reclamando las cantidades aplazadas, además de las nuevas cuotas incrementadas por los tipos de interés.


“Las familias deben pagar ahora lo que no pudieron abonar entonces más las cuotas actuales, pero con una capacidad económica aún más limitada”, explica Sánchez. Esta acumulación de pagos, en un entorno de ingresos congelados o reducidos, sitúa a miles de hogares en situación crítica.


El esfuerzo hipotecario supera los límites razonables


El Banco de España recomienda que las familias no destinen más del 35 % de sus ingresos a la deuda mensual. Sin embargo, muchos hogares superan con creces ese umbral. Un hogar con 1.500 euros de deuda debería ingresar al menos 4.500 euros al mes, algo inalcanzable para gran parte de la población, especialmente en regiones como Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana, donde la presión hipotecaria ya superaba ese límite en 2022.


En este contexto, los expertos alertan de un colapso financiero doméstico. “Es un cóctel peligroso: deudas crecientes, ingresos estancados y protección legal limitada”, apunta Ángel Sánchez.


Una de las grandes dificultades para dimensionar la crisis es el desfase entre la realidad judicial y los datos del INE y del Registro de la Propiedad, que solo recogen las viviendas ya adjudicadas al banco, es decir, al final del proceso judicial. El tiempo medio de una ejecución hipotecaria puede superar los dos años, por lo que las cifras actuales reflejan procesos iniciados en 2022 o incluso antes.


Desde Asoban Abogados insisten en que las estadísticas van con un retraso de 2 a 3 años, lo que impide tomar decisiones basadas en la urgencia real. “Lo que veremos en los informes del INE en 2027-28 ya está ocurriendo hoy, aunque aún no esté en los papeles”, remarcan desde el bufete.


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya detecta un aumento de lanzamientos hipotecarios, especialmente en comunidades como Cataluña, que acumula un preocupante 28,2 % del total nacional. Durante el primer trimestre de 2025, Cataluña registró 315 lanzamientos, y los datos de junio y julio apuntan a que la tendencia al alza continuará en el resto del país.


Medidas legales para frenar el desahucio


Frente a este panorama, Asoban Abogados subraya que existen herramientas legales para detener o ralentizar las ejecuciones hipotecarias. Una de las más importantes es acreditar una situación de vulnerabilidad económica, lo que puede suspender el lanzamiento hasta marzo de 2028. Esta opción está disponible para familias monoparentales, con menores, con personas mayores, con discapacidad o en situación de desempleo de larga duración.


“El 25 % o incluso el 35 % de los afectados podrían acogerse a esta protección si se asesoran correctamente”, indica el abogado. Una defensa jurídica especializada puede marcar la diferencia entre conservar o perder la vivienda.


También está disponible el Código de Buenas Prácticas bancarias, que permite negociar restructuraciones de deuda, carencias temporales o incluso una dación en pago. Además, muchos procedimientos pueden ser impugnados judicialmente por la existencia de cláusulas abusivas o errores procesales, algo común en ejecuciones hipotecarias mal tramitadas.


Otra opción clave es solicitar una alternativa habitacional digna, que puede aplazar el desahucio mientras se busca una solución habitacional estable, como un alquiler social o adaptado a la nueva capacidad económica del hogar.


No obstante, el tiempo es un factor crítico. “Cuanto más se demora el afectado en buscar asesoramiento legal, menores son las posibilidades de éxito”, advierten desde Asoban. “Una consulta a tiempo puede ser la diferencia entre perder o conservar el hogar”.


Aunque la situación se ha hecho evidente primero en Cataluña, todas las comunidades autónomas están expuestas a esta crisis hipotecaria latente. Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares presentan un alto volumen de hipotecas variables, con una población altamente endeudada. La combinación de estos factores hace prever que los lanzamientos hipotecarios se multipliquen a partir de octubre.


Desde Asoban Abogados hacen un llamado a la prevención: “La defensa legal comienza antes del desahucio. Cuando el banco inicia el procedimiento, ya vamos tarde si no se ha actuado antes y aún ahora, las familias tienen tiempo para frenar que las echen de sus hogares”.

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