La última victoria de España es solo una gota en el agua: así es como puede romper el ciclo de guerras legales costosas

La Comisión Europea finalmente ha liberado a España de una multa arbitral de 101 millones de euros, impuesta desde el año 2018.

Tras una investigación de cuatro años, la Comisión ha concluido que el laudo es ilegal, lo que significa que no tiene que pagarse.

Pero España aún no está fuera de peligro. Ya se está preparando otra demanda en su contra, esta vez por la asombrosa cifra de 18.000 millones de dólares.

Presentada a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el caso acusa a España de negar justicia en una antigua disputa entre Malasia y Filipinas.

En 2018, los autodenominados herederos del Sultanato filipino de Sulu solicitaron a los tribunales españoles que iniciaran procedimientos arbitrales contra Malasia.

Los demandantes creían, guiados por el consejo de sus abogados británicos, que tenían derecho a una indemnización por el control de Malasia sobre la región de Sabah.

De hecho, esa tierra había sido previamente "arrendada" a colonialistas británicos bajo un acuerdo con el entonces sultán de Sulu.

Firmado en 1878, el tratado exigía a los colonialistas el pago de una renta anual a cambio del control total de los recursos naturales de Sabah.

Cuando Sabah pasó a formar parte de Malasia casi 80 años después, el gobierno malayo asumió los pagos.

Durante un tiempo, todo continuó en un estado de relativa paz. Luego, en 2013, un oportunista y autoproclamado sultán de Sulu lanzó una violenta invasión armada de Sabah.

Como era de esperarse, el gobierno malasio dejó de ver adecuado pagar a los invasores.

Cinco años después, los tribunales españoles aceptaron llevar el caso. Brevemente nombraron a un árbitro antes de identificar un grave error procesal, lo que los obligó a revocar el nombramiento y ordenar el archivo del caso.

Sin embargo, el árbitro tenía otros planes. Trasladó la sede del arbitraje a París y concedió a los demandantes de Sulu una compensación sustancial de 15.000 millones de dólares.

Malasia ha estado luchando contra este laudo desde entonces, apelando en tribunales de toda Europa y obteniendo decisiones favorables en España, Francia y los Países Bajos.

Su batalla legal ha revelado graves defectos en el caso, principalmente que el acuerdo de 1878 es fundamentalmente incompatible con el derecho arbitral moderno.

Aunque los abogados de los Sulu, financiados por una rica empresa de inversión de terceros con la esperanza de obtener beneficios de un caso exitoso, presentaron el tratado como un contrato privado de arrendamiento comercial estándar, la evidencia histórica lo expone como nada más que un vestigio de la estrategia colonial británica. En última instancia, el Sultanato de Sulu nunca fue dueño de la tierra, por lo que legalmente no podía haberla arrendado.

El tratado, sin embargo, incluía una cláusula de arbitraje para que cualquier desacuerdo futuro pudiera resolverse pacíficamente.

Establecía que las disputas solo podrían resolverse de forma justa si eran tratadas por un árbitro con intereses coloniales británicos en mente.

Más específicamente, estipulaba que debían ser gestionadas por el Cónsul General británico en Brunéi, un cargo que no existe desde 1984.

Esta cláusula inusual fue señalada por el Tribunal de Apelación de Francia, que determinó que ningún otro árbitro podría considerarse válido en el mundo actual.

En términos simples, el tribunal dictaminó que la cláusula de arbitraje dependía de la relación única de las partes con el Cónsul General y que, dado que ese cargo ya no existe, nadie más podía cumplir con su propósito previsto.

Naturalmente, los abogados pro-Sulu y sus inversores intentaron rechazar la decisión, llevándola hasta el Tribunal de Casación francés.

Pero, en noviembre del año pasado, el fallo fue confirmado.

Lamentablemente, este caso desordenado aún no ha terminado. La indemnización de 15.000 millones de dólares sigue pesando sobre la cabeza de Malasia, aunque los expertos legales confían en que pronto será anulada por completo y de forma definitiva.

Esto son buenas noticias para Malasia, pero malas para los inversores de los Sulu, quienes al parecer han canalizado más de 20 millones de dólares en un caso que siempre estuvo condenado al fracaso.

Quizás no sorprenda que su estrategia legal se haya vuelto cada vez más errática e impredecible, culminando en la demanda de 18.000 millones de dólares contra España ante el CIADI.

La demanda se basa en la revocación, por parte de España, de la autoridad del árbitro original, y en su posterior condena por ignorar las órdenes del tribunal de abandonar el caso.

Sin embargo, parece probable que España tampoco tenga que pagar esta vez.

La verdadera pregunta es por qué sigue viéndose envuelta en estas prolongadas y costosas batallas legales que luego se revelan sin base en el derecho contemporáneo.

Para romper este ciclo repetitivo, debemos seguir urgentemente los pasos de Francia, Alemania y el Reino Unido: reformar nuestro sistema de arbitraje para evitar errores tan evidentes.