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El líder de CDC en el Congreso, Francesc Homs,
ha dicho este martes que el partido ya tiene "a
punto" una querella contra el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, por su
conversación con el entonces director de la
Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, y que la
presentarán en septiembre.
También se ha referido a la declaración del
accionista de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, que aseguró ante la
juez que había recibido presiones de la Policía española para que facilitasen
información bancaria sobre los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas (CDC), y sobre
el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras.
"Una vez hemos escuchado las conversaciones del ministro y del director de la
OAC de si aÒnaban expedientes contra algunos de nosotros, a mí no me
sorprende", ha explicado.
Homs ha aclarado que no han presentado todavía la querella contra Fernández
Díaz por una cuestión de procedimiento, ya que el mes de agosto es "inhábil a
efectos prácticos" para el Tribunal Superior.
Con todo, el diputado de CDC ha aclarado el escrito está "hecho y bien trabajado"
porque querían hacerlo bien.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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