Se pasaron de frenada catorce pueblos en la campaña contra Ayuso con el asunto de la investigación fiscal a su pareja. A cara descubierta y con buena parte de la maquinaria (mafiosa) del Estado a su servicio. Malos días estos para aquellos que siguen pensando que la quiebra de libertades y la ruptura de la convivencia política y democrática son cosas de una mala racha.

La ministra de Hacienda, María Jesús 'chiqui' Montero es colaboradora necesaria - y quizá autora intelectual- del intento de Sánchez de taponar con supuesta mierda del adversario sus propias cloacas 'koldo-begoñenses', que no le dejan de dar disgustos desde hace ya semanas, a ritmo de titular de escándalo cada quince minutos en la prensa libre. Todo desprende un olor espeso y pestilente -en forma de gas nervioso que inhala Sánchez a diario - sobre un creciente número de relevantes socialistas, ministros, altos cargos y hasta altas autoridades del estado y de su propia alcoba. El objetivo es claro y doble: tapar la sangría, que ya hasta el comandante Tezanos reconoce, y dañar a la oposición tratando de meternos a todos en una ceremonia de la confusión donde se escucha a gritos lo siguiente: "Sí. Cierto. Todos somos unos corruptos de mierda, vale, pero la diferencia es que ellos además de corruptos, son fascistas". Sus huestes entenderán - en efecto, están entendiendo- que en estos casos el fin justifica los medios.

En estas, a 'chiqui' no se le ocurrió otra cosa que desvelar ante la prensa datos procedentes de un expediente fiscal de la pareja sentimental de Ayuso para dañarla a ella en particular y a todo su partido en general. En concreto, reveló por la tarde ante las cámaras, asegurando que lo había leído en la prensa, que la investigación contra la pareja de la presidenta se relacionaba con la compraventa de mascarillas y con el cobro de comisiones durante la pandemia, información que no se había publicado en ningún medio. Eldiario.es había informado por la mañana de que la Agencia Tributaria investigaba al novio de Ayuso por supuesto fraude fiscal, pero no se decía nada en la noticia de la compra de mascarillas ni de las comisiones que obtuvo por su venta. Datos confidenciales, como todos los incluidos en cualquier expediente de la Agencia Tributaria, que tiene, por su estricto reglamento interno y por la legislación española - artículo 95 de la Ley General Tributaria-, obligación de custodiar y de no divulgar ninguna información de cualquier expediente, más allá del conocimiento propio por parte del/los funcionario/os encargado/s de la investigación fiscal.

Hasta un niño de teta puede inferir tras esta metedura de pata de 'chiki' Montero la siguiente secuencia de los hechos: el funcionario/a encargado/a de la investigación, o alguien con acceso al expediente dentro de Hacienda, divulga datos del mismo a la ministra y/o a varios medios afines al Gobierno ( Eldiario y El Pais ), quienes van publicando por partes la información. La ministra, conocedora o autora de la filtración, piensa por la tarde que el medio ha publicado ya todo el expediente completo y desvela la parte mollar del asunto. Será graciosa la pantomima de investigación que Hacienda está obligada a hacer sobre su propia ministra.

Todo apunta por tanto a que tenemos una Agencia Tributaria y a una ministra de Hacienda que seleccionan y utilizan los datos personales de la gente, en este caso de parejas o familiares de rivales políticos para dañar públicamente a éstos. Esto, aparte de poder constituir flagrantes delitos de prevaricación y revelación de secretos, es algo propio de mafias y bandas organizadas de delincuentes. ¿Qué será lo próximo, poner una cabeza de caballo ensangrentada en la cama de los diputados de la oposición o de periodistas poco afines? De momento, la ministra de Hacienda se permitió la semana pasada amenazar directamente a un diputado del PP en medio de una sesión de control al Gobierno en el Parlamento, señalándole con el dedo y lanzándole un "sshhhhhh, tú, cuidaaaooo", en andalusí diáfano, algo que puede helar la sangre de cualquiera, viniendo de la mismísima ministra de Hacienda. El oficio de oposición al poder es ya casi tan arriesgado aquí que en algunas dictaduras caribeñas. El vídeo del momentazo se ha hecho viral y es una muestra más del comportamiento mafioso de quienes se encargan de extraernos el dinero de la nómina, la cuenta y los ahorros y poseen más información nuestra que nosotros mismos.

Como mínimo, para darle una pensada la próxima vez que el Estado, o cualquier administración pública nos solicite datos, rellenemos sus formularios, marquemos sus crucecitas, o nos traten de vender Apps "para hacernos la vida más fácil" como la Carpeta Ciudadana; las aplicaciones que ya están en uso y que preparan más para compartir nuestros historiales médicos; o la Wallet de identidad digital de la UE, en la que pretenden nada menos que almacenemos todos los documentos personales, cuentas, movimientos bancarios e información personal de todo tipo, que custodiarán tan gentiles ellos en repositorios de cristal. Hay que ser muy ingenuo - más aún incluso que el pobre Rousseau- para creer que los gobernantes van a hacer siempre un buen uso en la custodia y manejo de nuestra información personal y no la utilizarán para satisfacer sus propios intereses, el primero de ellos mantenerse en el poder.

Es para sospechar profusamente cuales son los objetivos de la reciente orden de la Agencia Tributaria para que todos los movimientos con tarjeta bancaria le sean notificados. No ya los de más de 3000 o 1000 euros. No. Todos, hasta los de un céntimo. Estamos poniendo toda nuestra información personal en manos de una gente, apalancada al poder y con el objetivo de seguir estándolo, que los utiliza para sus fines personales y políticos. Esta vez les hemos cazado, y no es una pieza menor, sino nada más y nada menos que a la ministra. ¿Qué no habrán hecho otras veces los de la bancada de enfrente y estos mismos? De lo que no nos habremos enterado.

La maquinaria mafiosa no se ha limitado a Chiki y a Hacienda. Hay más pilares del Estado disparando al adversario político. El Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, - repito, el Fiscal General del Estado- alias "¿de quien depende?" - dio orden, según el diario El Mundo de difundir en una nota pública las conversaciones privadas entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado de la investigación. En la nota se desvelan los pormenores de un posible acuerdo entre las partes para cerrar el expediente con una pena que no suponga entrar en la cárcel si el novio de Ayuso reconocía una parte de los delitos de los que se le acusa. El objetivo es claro: dejar mal a la pareja de Ayuso, dando a entender que habría confesado los delitos fiscales ante Hacienda, cuando lo único que hay es la habitual propuesta de pacto entre fiscal e investigado en el que éste último quiere evitar ingresar en la trena. En el Ministerio Fiscal y en el Colegio de la Abogacía ha causado estupor la aberración que supone romper el secreto profesional de un abogado en el ejercicio de sus funciones, a la vez que se evidencia que la Fiscalía no es más que una correa de transmisión de los deseos y objetivos bastardos del Gobierno.

Señores, estamos en los albores de la legislatura y esto es ya un lodazal calabrés de cuidado. De esos que preceden a un digno fin de ciclo. Dios lo quiera.