El decir lo correcto en política, en muchas ocasiones, no supone más que traicionarse a uno mismo, si lo que uno quiere es hablar de lo que piensa con franqueza, sin hipocresía, y tal como el propio razonamiento le dicta, para serles fiel a aquellos que, estando conforme o no con la opinión que se les trasmite, agradecen que no se les engañe, que se argumente y que los topes y estorbos impuestos por las mayorías, en ocasiones influenciadas por impulsos o sentimientos poco razonables, no sean impedimento para que se puedan expresar con libertad; algo que, a Dios gracias, la Constitución de 1978 nos trajo como regalo inapreciable a los ciudadanos españoles.

En el tema de lo que se debe hacer en aquellos casos en los que, algún ciudadano español o unos cuantos de ellos, hayan sido objeto de un secuestro en manos de algún grupo, de los numerosos que hoy existen, de terroristas que buscan, entre otros propósitos, el pedir un sustancioso rescate por ellos; el conseguir la liberación de algunos de sus miembros encarcelados; el exigir la retirada de una ley con la que no estén de acuerdo; la devolución de un lugar o localidad que les fue sustraído o, simplemente, en el caso más extremo, el sacrificar, generalmente de un modo público y con gran propaganda, a los secuestrados para que sirvan de ejemplo para aquellos que intenten oponerse a sus objetivos o se nieguen, hoy esta modalidad es muy corriente, a aceptar la religión islamista y convertirse en fieles seguidores de los luchadores yihadistas del EI o el DAESH.

Esta misma mañana he tenido ocasión de poder escuchar una entrevista que, por La COPE, le han hecho, en el programa de Carlos Herrera, al señor ministro de Exteriores, señor García Margallo. Entre otras cuestiones ha sido interrogado acerca de los tres periodistas recientemente liberados, sanos y salvos, que han permanecido encerrados durante casi un año en poder de sus captores terroristas, en tierras sirias; al parecer en las cercanías de la ciudad de Alepo. Se decía que estos secuestrados habían estado siempre localizados por los servicios secretos del Estado y que, gracias a esto y a la colaboración de varios países cercanos, se consiguió la liberación de los tres free lance que habían sido secuestrados mientras estaban desempeñando su labor en las proximidades de las zonas conflictivas de aquellas tierras, donde acabaron por ser secuestrados por grupos salafistas-islamistas ( afortunadamente no tan extremistas con los del EI), que los han mantenido encerrados hasta ahora.

Cuando se ha llegado al punto delicado en el que, un periodista, la ha preguntado al señor ministro si se había pagado para librar a los detenidos; la contestación no puede haber sido más reveladora, aunque el señor Margallo haya pretendido disimular, escurriendo el bulto y hablando de la confidencialidad necesaria, la dificultad de las negociaciones etc. Es obvio que, si la liberación se hubiera conseguido de otra forma, con la intervención de un comando, por ejemplo, o mediante una fuga perpetrada por los tres periodistas, el señor ministro se hubiera apresurado a desmentirlo, alabando la actuación de quienes se habían arriesgado para salvar a los secuestrados en poder de los terroristas. No ha sido así, lo que nos confirma, lo mismo que las explicaciones en las que ha comentado las peticiones de las familias, los problemas morales etc. que el Gobierno, como parece que ya se ha convertido en algo habitual en España, ha abonado unos millones de euros (nunca son baratos estos acuerdos) para la liberación de los tres españoles secuestrados.

Sin duda es lo más fácil, lo menos traumático para el Gobierno y, sobre todo, lo más fácil de explicar a los ciudadanos que, al menos en gran parte, suelen tener una forma muy simplista y poco razonado de lo que supone el pagarles unos cuantos millones a unos terroristas que, precisamente, cometen estos actos de piratería con el objetivo de recaudar dinero, de crear temor y de financiarse para, con aquellas ayudas económicas, estar en condiciones de comprar armas, de preparar bombas, de atrapar a más rehenes o de provocar masacres de cientos o miles de personas, cuando deciden inmolarse en un lugar público como, por desgracia, hemos tenido ocasión de comprobar en naciones como Francia o Bélgica, en las que el terrorismo yihadista ha dado muestras de lo que son capaces de hacer para crear una atmósfera de terror dentro de la propia Europa. Podemos aceptar que, para las familias de los secuestrados no hay algo más importante que salvar la vida de aquellos miembros que les han sido robados; es obvio que el sentir nacional de los ciudadanos se sienta inclinado por un sentimiento de compasión y solidaridad con los detenidos y sus familiares; es muy entendible que a las autoridades que han de bregar con semejante marrón les resulte más gratificante acudir al Tesoro del Público para sacar los millones que precisan para salvar a quienes están en peligro de muerte; sin embargo…

Hay países como el RU o los EE.UU de América que no aceptan este tipo de chantajes, que se mantienen firmes, por muy dolorosos que sean los resultados de estas políticas, en la mayoría de casos con el resultado del asesinato de los retenidos. Pero los secuestradores que, en general, salvo en el caso del EI, lo que buscan es obtener recompensa monetaria, saben perfectamente que secuestrar a americanos o británicos no les va a reportar ninguna ventaja y, por el contrario, si se trata de españoles, o franceses, tienen por seguro que, tarde o temprano, el Estado acabará por ceder y van a conseguir su propósito. Lo malo es que aquí, la duda moral, al menos en el caso de las autoridades que han de tomar la decisión de pagar o no pagar, tiene una doble vertiente que, en todo caso no es compatible y que se ha de elegir entre ceder o pagar, sabiendo que si se paga aquella vida o pocas vidas que se rescatan pueden suponer que, con aquella inyección de millones se produzcan los asesinatos de cientos o miles de personas, entre las que, como es corriente que suceda, se encontrarán, mujeres, niños, ancianos y toda clase de personas; puesto que, la insania de semejantes sujetos desalmados, no se para ante el hecho de que las matanzas afecten a toda la población, porque su intención se centra en producir el mayor dolor posible entre la población, como un método para reivindicar la supremacía de su ideología islamista.

Al parecer, en este caso que nos ocupa, nos queda una duda. Dicen que los servicios secretos han sabido, en todo momento, donde estaban detenidos los secuestrados. No sé si, en realidad, ha sido así exactamente pero, es posible que los servicios de inteligencia, no sé si españoles o de la nación siria, hayan tenido una idea bastante clara del lugar aproximado en el que se los tenía ocultos. ¿No ha habido ningún intento de controlar a los raptores, de seguirlos en sus desplazamientos, de prepararles una trampa, de estudiar un tipo de asalto como el que los americanos prepararon a Bin Laden? No sé, pero uno, ante la falta de información que suele ser costumbre del gobierno en situaciones semejantes, tiene la sensación de que nadie se quiere arriesgar a un fracaso; los miembros del Gobierno prefieren usar el método más sencillo de buscar contactos que medien para que, la entrega del rescate, se lleve de una forma que ambas partes tengan la seguridad de que no va a tener malas consecuencias para cada una de ellas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos resulta difícil de aceptar que, siempre y en todos los casos que, al menos desde hace unos años, hayan afectado a españoles, el sistema usado por el Gobierno ha sido pagar, pagar y pagar. Un piensa que, si uno accede al cargo de ministro de Exteriores tendría que aceptar, a su vez, la responsabilidad que ello entraña y la obligación de tomar las decisiones más favorables para el país en general, menos nocivas para el resto de personas y la humanidad en general y, como ocurre en una guerra, tener en cuenta que hay ocasiones en las que es preciso sacrificar a una pequeña fuerza para conseguir que una batalla se gane o se salven millones de personas. No es fácil, señores, para un ciudadano cualquiera tomar una decisión semejante, tampoco para aquellos cuyos familiares están implicados en un caso de estas características pero, y para esto tenemos un gobierno al que le encomendamos estas tareas, cuando sea preciso, se les debe exigir a nuestros gobernante que actúen con pulso firme, con decisión y sin dejarse achantar por la opinión de aquellos que siempre están dispuestos a ceder aunque, de ello, puedan venir males para todos los españoles.