La Administración se enfrenta a una situación sin precedentes debido al elevado volumen de partidas que se quedan paralizadas: las licitaciones desiertas se disparan un 559% en los dos últimos años al no encontrar ninguna compañía dispuesta a presentar una oferta. En 2022, según los datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, se registraron 7.463 concursos públicos desiertos; lo que supone la paralización de 5.303 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 146% más que en 2021.

La negativa de compañías de diversos sectores, que van desde construcción y suministros hasta servicios, a embarcarse en contratos públicos ha hecho saltar las alarmas de la Administración. Las empresas privadas denuncian un desajuste económico en el que los presupuestos ofertados son insuficientes y les impide recuperar la inversión debido al notable incremento de costes operativos producto de la crisis de los suministros.

El impacto de la crisis de los suministros que siguió a la pandemia fue agravado por una crisis energética provocada por la guerra de Ucrania en la que los precios de la energía subieron un 84%. Esto ha producido un mayor encarecido de los costes que se refleja en un aumento del 30% del precio de los materiales y se agudiza en casos como el aluminio (+55%) o el acero (+46%). Todo ello con una inflación anual desbocada en diciembre del 5,8%. Este incremento de costes no se replica en las ofertas públicas, lo que ha propiciado que se multipliquen las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paralice la ejecución de miles de obras y servicios.

Este contexto heredado del año pasado amenaza con empañar un 2023 con altas expectativas de inversión pública al coincidir un año electoral con comicios generales, autonómicos y municipales, junto al desembarco de gran parte de los fondos europeos Next Generation.

Además, las instituciones licitadoras también sufren un problema de comunicación a la hora de publicitar unos concursos públicos que, en muchas ocasiones, no llegan hasta las empresas más capacitadas para prestar el servicio. Uno de los motivos de esta dificultad radica en la multiplicidad de servicios de contratación pública, específicos para cada Administración; lo que provoca que cada municipio o cada Comunidad Autónoma pueda funcionar con independencia. Por este motivo cada vez son más las instituciones públicas que contratan estudios de monitorización de la contratación pública de plataformas como DoubleTrade. Esto facilita el proceso localizando posibles socios y las estrategias de contratación del resto de organismos con el objetivo de reducir al mínimo las licitaciones que se quedan desiertas y cumplir con los principios señalados en la ley de transparencia.

El importe medio por licitación desierta supera los 710.000 euros

Por estos motivos, como refleja el estudio realizado por DoubleTrade, en 2022 han quedado 7.463 licitaciones desiertas por un total de más de 5.303 millones de euros. Esto implica que el importe medio por contrato sin ejecutarse en el último año supera los 710.000 euros. Además, cerca del 95% de las operaciones no incluye una revisión de precios; factor que explica la gran cantidad de licitaciones desiertas.

En comparación con 2021, el volumen de licitaciones desiertas se incrementó un 9,9% (6.788 concursos paralizados); crecimiento que se evidencia más dramático en el presupuesto destinado a estas obras, que se disparó en un 146% (2.154M€ en 2021). Además, situando la lupa sobre 2020, las licitaciones que quedaron desiertas el año pasado han supuesto un 559% más que los casos de 2020 (1.132 concursos desiertos).

“Cabe destacar que muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención” analiza Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España. Las licitaciones públicas analizadas incluyen tanto los contratos de obra como los de servicios ofertados por la Administración Pública.

Trazando un mapa de las licitaciones desiertas en 2022, destaca Andalucía, con 1.260 casos, representando un volumen económico por encima de los 570 millones de euros. Le siguen Valencia (870 obras valoradas en 192 millones) y la Comunidad de Madrid, (772 contratos públicos sin cubrir por cerca de 3.000 millones de euros, la cifra récord). En la otra cara de la moneda resalta Navarra con tan solo 24 concursos desiertos, que limita el presupuesto limitado a 3.184.763 euros.