El Consejo de Ministros y Ministras ha dado luz verde a la aprobación del anteproyecto de Ley que transpone varias directivas, entre las que se encuentra la conocida como Acta Europea de Accesibilidad. Resultado del trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, este anteproyecto de Ley recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.

Con esta Directiva, alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa, de las que 4,38 millones residen en España, dispondrán de productos y servicios más accesibles, garantizando sus derechos como clientas, consumidoras y usuarias y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.

Tendrá aplicación en productos informáticos como ordenadores y software, en máquinas de facturación o en los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, gestión de turno o los lectores electrónicos. Asimismo, entre otros servicios, serán accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico. Para el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, resulta imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes para que al realizar actividades cotidianas como usar un datáfono o reservar un vuelo por Internet, no se expulse a las personas con discapacidad.

Además, el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea. Actualmente, las personas con discapacidad, y particularmente las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. En este sentido, en ningún caso será necesario ya un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112.

Esta norma se ha construido con la sociedad civil de la discapacidad, en el marco del máximo órgano de diálogo civil, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad en el que están representadas. Así como desde consenso de las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

España es uno de los pocos países que ha apostado por una transposición integral de la Directiva, dotándola de rango de Ley. Así, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 busca proteger a las personas con discapacidad y catalizar cambios sociales para eliminar barreras en la cotidianeidad.

Derechos Sociales asimismo está ultimando un Real Decreto Ley de accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta Directiva. Ambas normas se enmarcan en el compromiso de este ministerio en desarrollar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso a bienes y servicios a disposición del público.

“Aprobando un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, este ministerio irá más allá de los compromisos europeos, lo que permite ser más garantistas y llegar más lejos de lo que plantea la propia Directiva”, aclara Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Según Álvarez, “debemos eliminar cualquier discriminación en las actividades cotidianas, como ir a un concierto, contactar con los servicios de atención a la ciudadanía o contratar una hipoteca, ya que es en este tipo de actividades donde verdaderamente se mide el grado de inclusión y de progreso de cualquier país”, recalca.

Del mismo modo se cumplirá así con el compromiso con la accesibilidad universal reflejada en la Estrategia Española de Accesibilidad 2022-2030, entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

La determinación del Ministerio de Derechos Sociales con la accesibilidad queda materializada con “una inversión de más 170 millones de euros” de los fondos Next Generation, orientados a “transformar de raíz nuestro paisaje, para que sea practicable a todas las personas sin excepciones” añade el secretario de Estado de Derechos Sociales, quien aclara que estos fondos se destinarán a “cumplir la legislación, reparar y ensanchar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura”.