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Manos Unidas aprovechó la conmemoración este lunes del Día Internacional de la Convivencia en Paz para denunciar la “grave situación de violencia” que sufren las poblaciones indígenas y los campesinos en Colombia como consecuencia de la débil implantación del proceso de paz en el país, la explotación de los territorios donde viven y el incremento de la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Lo hizo a través de un comunicado en el que puso de manifiesto que ha tenido conocimiento del asesinato de dos miembros y colaboradores de entidades con las que la ONG de la Iglesia católica trabaja en Colombia: Luz Marina Arteaga, de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, y Ever Ortega, del Servicio Jesuita de Refugiados.
Estos crímenes, según Manos Unidas, ha conformado una “violenta normalidad que se extiende a lo largo de toda América Latina y que afecta sobre todo a aquellas regiones disputadas por actores con intereses en el agronegocio, las industrias extractivas y el narcotráfico”.
En ese sentido, la responsable de proyectos de Manos Unidas en Colombia, Carmen Santolaya, relacionó la violencia en el país con tres factores: “la falta de compromiso y la débil implementación del proceso de paz ante el conflicto armado interno; la explotación de los territorios por parte de un modelo económico extractivista que se beneficia de la violencia para amedrentar o controlar a los pobladores; y el incremento de la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes”.
Ante esta situación, exigió proteger a los defensores de los derechos humanos en Colombia, que están en una “situación de grave vulnerabilidad al ser amenazados y atacados a raíz de su lucha en defensa de comunidades y territorios”.
Manos Unidas apoyó 56 proyectos dirigidos a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la sociedad civil en 2021, con una inversión de 5.171.155 euros y 136.000 beneficiarios.
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