2021 se ha saldado con 114.315 contratos a personas con discapacidad, frente a los 86.706 de 2020 y a tan solo un 3% de distancia de la cifra alcanzada en 2019 (117.818). Las previsiones para 2022 apuntan a que el año se cerrará con una cifra récord de contratación de personas con discapacidad, superior a la registrada en tiempos precovid

El Servicio Público de Empleo Estatal ha hecho públicas las cifras de contratación relativas a 2021, constatándose una realidad: España ha entrado en una fase de recuperación sostenida que está conduciendo al restablecimiento de los niveles de empleo previos a la pandemia. Esta realidad se pone de manifiesto, sobre todo, en el caso de las personas con discapacidad. Así, a nivel general, la contratación ha crecido un 21% con respecto a 2020 pero continúa siendo un 13% inferior a tiempos prepandemia. Entre las personas con discapacidad, sin embargo, el crecimiento interanual ha sido del 32% y la cifra de cierre de 2021 ya roza la alcanzada en 2019, situándose a tan solo un 3% de distancia. En concreto, en 2021 las personas con discapacidad han suscrito 114 315 contratos, frente a los 86 706 de 2020 y los 117 818 de 2019.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “en el caso de las personas con discapacidad está ayudando la ley que ampara su contratación (las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación legal de incorporar, al menos, a un 2% de profesionales con discapacidad), el refuerzo de las políticas de Diversidad, equidad e inclusión (De&I) en la era Covid y el hecho de que muchos profesionales con discapacidad dieron la cara en los tiempos más duros de pandemia, incorporándose a empleos que no se cubrían por miedo al contagio en posiciones de alta demanda en la actualidad como repartidores, carretilleros o manipuladores en el sector alimentación”.

Esta progresiva recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia dibuja unas previsiones optimistas para 2022 y todo apunta a que el año en curso se cerrará con una cifra récord de contratación de personas con discapacidad superior a la registrada en tiempos precovid. A este respecto, el directivo señala que: “las políticas de Diversidad, equidad e inclusión se han visto reforzadas por la pandemia, en un contexto globalizado que ha dejado patente que la diversidad va más allá de la norma y que es un elemento fundamental para la competitividad. Uno de los grandes retos es, en este sentido, generar espacios laborales inclusivos y abiertos a la discapacidad. Hay que aprovechar este creciente compromiso para que las personas con discapacidad no solo firmen contratos de trabajo, sino que puedan encontrar empleos estables y sostenibles en el tiempo”.

A pesar de este positivo pronóstico, existen muchos retos que siguen evidenciando la desigualdad de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. “La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral ha descendido en 2020 y su tasa de actividad apenas alcanza un 34%, lo que quiere decir que el 66% de los que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca. Esta realidad, unida al gap formativo que presentan con respecto a la población general, urge una revisión de las políticas activas de empleo, a través del refuerzo de la colaboración público-privada para aprovechar el conocimiento que el tercer sector tiene de la discapacidad y del empleo. Es necesario apostar por un nuevo modelo de capacitación que, no solo incremente la formación académica de los profesionales con discapacidad y les permita conectar con los empleos emergentes, sino que les dote de habilidades y competencias estratégicas para superar un proceso de selección, ya que a menudo encuentran dificultades adicionales”- subraya Mesonero.

Por último, la penetración de los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral ordinario representa otro de los grandes retos: actualmente, el 75% de los contratos se suscriben en el ámbito protegido (Centros Especiales de Empleo). “Es en la empresa ordinaria donde se produce la inclusión en su máximo exponente, al garantizar la convivencia y el trabajo en equipo de las personas con y sin discapacidad en los mismos espacios y proyectos. Por ello, sin negar el importante rol de los Centros Especiales de Empleo en el proceso de inclusión, resulta necesario establecer indicadores reales de tránsito a la empresa ordinaria”- comenta Mesonero.