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Se vive en una sociedad que exige justicia en todo el sentido de la palabra
Uno de los aspectos asociados a la justicia que más debaten los abogados, es el que tiene que ver con el derecho a un plazo razonable y el debido proceso.
Daniel Jesús Hernández Sarmiento quién es abogado y se especializa en dicho tema, destaca cuáles son los principales puntos que se deben tomar en cuenta al hablar del derecho de plazo razonable y sus fundamentos.
Antecedentes del plazo establecido para el debido proceso
Daniel Hernández explica que no es nueva la idea de establecer un tiempo para finalizar el proceso judicial que afronte cualquier ciudadano. Por ejemplo, en los Derechos Romanos se estableció que a fin de que los litigios no sean de duración indefinida, se debían establecer tiempos y duración en las causas.
Los procesos debían durar 2 años en el caso de Constantino y un año en el caso de Justiciano. Durante este tiempo, ellos debían resolver cualquier caso, terminando bajo la causa de “interpretación forzada” o tergiversación. Sin duda alguna, los acusados tenían el tiempo suficiente para que se llevara a cabo un juicio justo y obtuviera una respuesta relativamente rápida.
El principal enfoque era el respeto hacia las personas involucradas de parte del poder judicial. Beccaria, quien fue jurista y filosofo recalcó que mientras más rápido se termine un proceso judicial, más efectiva será la condena y menor el sufrimiento.
El derecho a la defensa y el tiempo de espera en la actualidad
El derecho a la defensa promueve como uno de sus aspectos principales, establecer los intereses del defendido con relación a un tiempo de espera razonable. Muchos abogados afirman que la situación procesal de un individuo debe ser resuelta en un tiempo moderado.
No se debería dejar en incertidumbre durante un período indefinido a ningún acusado por falta de pruebas o testigos. Actuar y establecer dichos tiempos fomentará una cultura de celeridad a la hora de atender los procesos judiciales.
El derecho de un plazo justo y razonable debe asistir a las partes involucradas antes, durante y después de terminar el proceso. Sin importar si se trata de temas judiciales o administrativos; el juez, funcionario administrativo o tribunal deben determinar una duración justa que permita concluir las diferentes etapas del procedimiento.
En muchos casos, esta acción llevará a replantear los recursos económicos de las entidades. Se deberá velar porque se utilicen de la forma más eficiente para que la sede judicial o administrativa puedan ofrecer una pronta resolución.
Leyes internacionales que avalan el plazo razonable
Algunas leyes internacionales establecieron desde hace año el derecho a un plazo justo y razonable.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1968 destacó que “toda persona detenida o retenida […] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”.
- El Sistema Interamericano de Protección dejó claro en los artículos 7.8 y 8.1 que la ley debe reforzar y garantizar el plazo razonable.
Según la jurisprudencia interamericana, se deben establecer 4 criterios para que sirvan de guía en la interpretación de lo “razonable” del plazo. El primero es que debe ser un caso de alta complejidad para llegar a una resolución. El segundo aspecto es la actividad procesal del interesado.
Tercero, la conducta de las actividades estatales y cuarto el efecto negativo generado por la duración del proceso de las personas involucradas.
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