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El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes una proposición no de ley del PSOE que pedía al Gobierno que derogue o cambie la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada el 27 de diciembre de 2013, para que los ayuntamientos vuelvan a tener las competencias en materia de prestación de los servicios sociales.
Con 127 votos a favor, 163 en contra y 6 abstenciones, el PP y el PNV tumbaron una petición defendida por la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, María Luisa Carcedo, quien acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de recortar un 68% al Plan Concertado, el dinero que pone el Estado para los servicios sociales, 3.000 millones menos, en lo que va de legislatura, "cuando más lo necesitan los ciudadanos" por la crisis y alertó de que tras este recorte el PP busca hacer negocio, privatizar estos servicios.
De manera parecida se pronunció la diputada Ascensión de las Heras de la Izquierda Plural, quien afirmó que "sabemos que el PP quiere sustituir un sistema público basado en derechos a la ciudadanía, por uno de trasvase de lo público a lo privado y basado en la beneficencia".
También basó su argumentación en ese punto el diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví quien afirmó que "los servicios sociales es un problema del que el gobierno popular quiere deshacerse. Prefiere que se ocupen las empresas y así hacen negocio, como el señor Cotino, en la Comunidad Valenciana, con las residencias, gracias a las convocatorias sacadas por su amigo, el consejero Blasco, hoy condenado".
Por su parte, la diputada Rosana Pérez, del Grupo Mixto recordó que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local está recurrida ante el Tribunal Constitucional "por nueve comunidades y más de 3.000 municipios gobernados por distintos partidos. Además, el Consejo de Estado ya cuestionó su constitucionalidad", por lo que concluyó que es necesario derogar esa norma y acabar con el austericidio del gobierno del PP.
Asimismo, se mostraron a favor de la derogación de la ley de Montoro, UPyD y el grupo catalán. El diputado de CiU, Carles Páramo, recordó que su grupo había presentado una iniciativa parecida a la del PSOE nada más aprobarse la norma porque entonces y ahora esta ley que recorta las prestaciones por parte de los ayuntamientos "rompe con 35 años de historia de los servicios sociales en España".
Por último, Juan José Matarí, portavoz del PP en la Comisión de Hacienda y Administaciones Públicas, agradeció el debate suscitado "para deshacer las mentiras y la demagogia de la izquierda de esta Cámara" porque, en su opinión la reforma local "no ha causado estragos" en los servicios sociales.
"Ustedes dijeron que desaparecerían los ayuntamientos, hace un año y medio que entró en vigor la ley, y no ha desaparecido ninguno, pero les da igual y lo siguen diciendo", destacó y agregó que lo que sí habían desaparecido son "1.300 entidades locales que no servían para nada".
Ahora los ayuntamientos pagan a sus proveedores, subrayó Matarí, "gracias al plan de pago que ha hecho posible que las administraciones locales pagaran dos millones de facturas". Antes, concluyó el diputado del PP, los ayuntamientos tenían déficit y hoy superavit.
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